
El día después de la masiva protesta universitaria, el Gobierno prepara una nueva convocatoria para la semana próxima con autoridades universitarias para discutir la situación de los hospitales universitarios y actualizar el esquema de fondos. Sin embargo, la fecha aún no está fijada.
“La convocatoria es para los que tienen hospitales, con intención de conformar una comisión que va a determinar cómo vamos a distribuir los fondos de la partida correspondiente a Hospitales Universitarios”, expresó a Infobae una fuente en tema.
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Según supo este medio de fuentes oficiales, el Poder Ejecutivo sostiene la idea de negociar en base a lo contemplado por la adaptación de la Ley de Financiamiento Universitario, que descansa en la Cámara de Diputados. “La idea es partir de la base del proyecto que establece un aumento del 12% y actualiza los gastos de funcionamiento. Es lo autorizado por Toto (Caputo)”, confesó un funcionario a este medio.
Los nuevos intentos por destrabar el conflicto, que derivó en una masiva convocatoria el pasado miércoles, surgen del desacato de la administración libertaria a los fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Finanaciamiento Universitario, a los que se suma además una reducción de $78.768 millones del presupuesto y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
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Luego de la ratificación de la norma sancionada y posteriormente vetada, y tras la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Poder Ejecutivo readaptó el proyecto que propone una actualización salarial para el personal docente y no docente a percibirse de forma escalonada: se registrará un incremento del 4,1% trimestral del sueldo de diciembre de 2025 durante los meses de marzo, julio y septiembre.

Asimismo, establece una actualización automática del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,3% anual proyectado; y un incremento del $80.072.460.000 del crédito presupuestario destinado a la asistencia financiera de hospitales universitarios. En caso de que los desembolsos excedan las partidas fijadas, el exceso será cubierto a través de refuerzos provenientes de otras jurisdicciones presupuestarias.
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Sin fecha para tratarlo, y a sabiendas de que no cuentan con las voluntades legislativas necesarias para su sanción, en la administración libertaria aspiran a concretar un acuerdo para evitar además que la Corte Suprema se expida sobre el tema. Lo instrumentarían a través del Ministerio de Capital Humano, específicamente bajo la subsecretaría de Políticas Universitarias que comanda Alejandro Álvarez.
“Mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Se puede acordar y homologar en el juzgado. El Gobierno cumpliría, pero el CIN debería desistir de la acción judicial”, planteó una voz del oficialismo.
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Si bien en Balcarce 50 minimizaron el impacto de la movilización que concentró más de 140 mil personas en Plaza de Mayo, ven con preocupación la escalada del tema por lo que trabajan para intentar encontrar una diagonal que les permita contener a una porción del sector. Todavía no hay día designado, pero garantizan que no pasará de la semana próxima.
Por lo bajo, varios interlocutores violetas apuntan contra el Ministerio de Economía por el blindaje de los fondos para cubrir las demandas. “Nos estamos comiendo estas piñas por Hacienda que no aceptó los números iniciales”, admitió un funcionario a este medio.
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Un importante referente del ámbito universitario negó haber recibido un llamado formal de parte del Gobierno, sostuvo que deberían activarse a la par negociaciones paritarias, y anticipó que la propuesta sostenida hasta entonces la considera insuficiente. “Nosotros queremos que se cumpla la ley original. Así sea en cuotas. De los 50 puntos iniciales, que ofrezcan 12 nos parece una verguenza. Además, solo agreden y rompen toda instancia de diálogo”, se expidió un interlocutor.
Autoridades del CIN plantearon a este medio que están dispuestos a alcanzar en un acuerdo que contemple una compensación salarial, pero calculada desde el inicio de la gestión a la fecha, y aunque sostienen que Álvarez cursó llamados informales, demandan una convocatoria formal con todos los rectores. “En términos operativos, si quieren tener el acuerdo conversado en enero es tarde. Hoy esos números no son base de discusión”, planteó un rector.
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En coincidencia, desde la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), precisaron que el oficialismo intenta aislar a la alta casa de estudio y reafirmaron que el Ejecutivo “no tiene intenciones de resolver el conflicto”.
Además, plantaron que el reclamo escaló producto de la interna que atraviesa a las filas libertarias dado que garantizan que, en febrero, el asesor presidencial, Santiago Caputo, había alcanzado un acuerdo con el sector antes del inicio de las clases. En ese escenario, le atribuyen a los primos Menem, en particular a Martín, el titular de la Cámara de Diputados, el congelamiento del mismo para evitar que el consultor “saliera fortalecido”. Incluso, hay quienes aseguran que “El Profe” Álvarez, referenciado con Las Fuerzas del Cielo, tiene intenciones de pasarse a las filas del karinismo.
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Desde la Cámara de Diputados aseguran que el oficialismo no contaba con los votos para impulsar con éxito la medida y anticiparon que estudian motorizarla en los próximos meses, aunque no hay precisión de fechas.
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