Coronavirus en Argentina: la Coalición Cívica propone subir las penas para quienes cometan delitos contra el Estado en las compras de emergencia

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI presentó un proyecto de ley para agravar las penas de los delitos que se cometan contra la administración pública en los casos en que quienes los cometan se aprovechen de situaciones excepcionales, por ejemplo, una pandemia como la del COVID-19.

La iniciativa de los ‘lilitos’ responde a los sobreprecios denunciados en la compra de alimentos en Desarrollo Social y también en la compra de barbijos y contratación de hoteles en la Ciudad. En ambos casos los funcionarios se exculparon señalando a los proveedores como responsables de subas de precios en alimentos, barbijos y alcohol en gel, por ejemplo, y hay investigaciones internas y judiciales en curso.

En paralelo y tras la conversación que tuvieron todos los jefes de bloques de Diputados con el presidente Alberto Fernández, avanza la conformación de una comisión de control y seguimiento de las compras de emergencia del Estado, a partir de un planteo opositor. Tendría siete miembros, todos legisladores nacionales, y funcionarían ad hoc durante el tiempo que dure la crisis por el coronavirus.

“Es intolerable que nos roben, pero es aún peor en medio de una pandemia. Por eso proponemos elevar la escala penal de estos delitos”, señalaron los 14 diputados del bloque CC ARI que preside Maximiliano Ferraro.

“Cuando alguno de los delitos previstos en el Código Penal se cometiera en perjuicio de la administración pública y aprovechando las facilidades de un desastre, conmoción, o emergencia pública, la escala penal correspondiente al delito del que se trate, se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo, sin que ésta pueda exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponda”, establece la iniciativa.

Entre los fundamentos se recuerda que en el marco de la pandemia el Presidente habilitó las compras directas y se insistió en mejorar los procesos de licitaciones y compras y "no volver atrás con los avances que se lograron durante la gestión anterior. Hay que combatir la corrupción enquistada en muchos lugares de las compras públicas hace años”.

En línea con la comisión que se busca conformar en el Congreso, manifestaron en un comunicado de prensa: “Nos preocupan los procesos de compras que se dan en el marco de esta emergencia, los controlaremos desde nuestro rol de legisladores en todas las jurisdicciones donde los detectemos, pero si no llegamos a evitarlo, e igual se comenten delitos, queremos que quienes los cometan sepan que deberán enfrentar penas graves y efectivas”.

La modificación del Código Penal sería, sostuvieron, "una herramienta que va a ayudar a los Ejecutivos en la transparencia e integridad de las compras”. Y argumentaron en que "el aprovechamiento de dicha situación para cometer delitos en perjuicio de la misma merece un mayor reproche penal”.

El texto presentado ante la Cámara baja considera que “la contratación directa, además de otorgarle un gran margen de libertad al Estado, carece del elemento esencial que tiende a garantizar la transparencia en las contrataciones administrativas que es la publicidad. Estos dos elementos, entre otros, disminuyen sustancialmente los mecanismos de control —siendo uno de ellos el que ejerce la ciudadanía— y, consecuentemente, posibilita el surgimiento de conductas corruptas”.

Y advierten que la flexibilización del control “puede ser —y todo hace pensar que hubo casos en que ya lo fue— aprovechada por quienes, al amparo del especial y delicado momento que estamos viviendo, cometen delitos en perjuicio de la administración pública”.

La emergencia, evidentemente, “importa un menor riesgo para quienes quieren llevar adelante su actividad delictiva, y una menor capacidad defensiva, en este caso de la Administración Pública, que queda más indefensa frente a este tipo de situaciones excepcionales”.

Desde hace un mes, con el inicio del aislamiento social obligatorio, el Congreso viene manteniendo reuniones virtuales de comisión. En Diputados brindaron informes más de una docena de ministros y además otros tantos de distintos rangos ejecutivos. También en el Senado iniciaron esta modalidad días atrás. Ayer hubo charlas informales entre el oficialismo y la oposición para conformar la comisión en Diputados que controle las contrataciones de emergencia.

El presidente Alberto Fernández tiene atribuciones delegadas a través de las emergencias votadas en el Parlamento en diciembre. Sin embargo no puede firmar decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria, penal ni electoral. El proyecto de la Coalición Cívica entra en la categoría de los que deben pasar sí o sí por el Congreso.

En ambas cámaras discuten ahora la posibilidad de sesionar de forma presencial en el palacio del Congreso. En el caso del Senado, Cristina Fernández acudió a la Corte Suprema para pedir una declaración de certeza a favor de las sesiones virtuales. La apoyó su bloque y el miércoles hizo una presentación similar el senador Alberto Weretilneck de Juntos Somos Río Negro, aunque en declaraciones periodísticas el senador José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos, admitió que si la Corte no se expide, deberían hacer una sesión presencial para modificar su reglamento. El comentario se contradice con lo que pide su jefa política y Massa en la vecina Cámara.

En ese marco, esta tarde habrá una reunión de Comisión de Modernización en Diputados. Tras su conformación se prevé discutir modificaciones al reglamento. En Juntos por el Cambio sostienen que sólo en una sesión presencial se pueden avalar esos cambios mientras que el titular de la Cámara, Sergio Massa, junto con la diputada Graciela Camaño, sostienen que los jefes de bloque en Labor Parlamentaria pueden aprobar un nuevo reglamento, para la excepción.

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