La Oficina de Operaciones de Detención y Deportación arresta a un nicaragüense vinculado a la MS-13 en San Francisco

Con condenas por narcotráfico y robo de vehículo, el nicaragüense Daniel Alejandro Ulloa-González, de 46 años, permanece bajo custodia federal en espera de su expulsión de Estados Unidos, luego de que las autoridades lo identificaran como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).

La Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de San Francisco, dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), confirmó el arresto. Ulloa-González suma sentencias por posesión y compra de narcóticos destinados a la venta, así como también por la sustracción de un vehículo sin el consentimiento de su propietario.

Quién es Ulloa-González y por qué está detenido

La MS-13 nació en las calles de Los Ángeles en los años 80 dentro de comunidades de inmigrantes salvadoreños. Las deportaciones masivas hacia El Salvador en décadas posteriores fortalecieron el entramado de la organización en Centroamérica, desde donde se expandió a Sudamérica y a varias ciudades de Estados Unidos.

El grupo desarrolla actividades como extorsiones, asesinatos, narcotráfico y tráfico de personas. Las autoridades estadounidenses la ubican entre las bandas más violentas de la región.

El caso de Ulloa-González destaca por su nacionalidad: aunque la MS-13 tiene su núcleo principal en El Salvador, Guatemala y Honduras, su presencia ha sido documentada también en otros países, incluida Nicaragua.

La lógica de control interno de la MS-13

La pandilla ejerce una disciplina interna basada en la lealtad absoluta. Uno de sus lemas, “Vives para la mara o mueres por la mara”, resume el código de conducta entre sus miembros: quienes intentan desafiliarse o traicionar al grupo enfrentan castigos violentos.

Los tatuajes corporales y los códigos de conducta ligados al control territorial constituyen señales distintivas de la MS-13. Esta identidad visual y simbólica refuerza el reconocimiento y cohesión interna, según informes especializados.

El proceso de deportación

El ICE difundió oficialmente los detalles: “ICE San Francisco arrestó al extranjero criminal Daniel Alejandro Ulloa-González, de 46 años, de Nicaragua. Es miembro de una banda MS-13 con condenas por posesión/compra de narcóticos para la venta y por tomar un vehículo sin el consentimiento del propietario. Está bajo custodia de ICE a la espera de su retirada”.

La detención de Ulloa-González responde a la política de deportación de inmigrantes con antecedentes penales y presuntos vínculos con organizaciones criminales impulsada por el gobierno federal desde el inicio de la administración Trump.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos han ejecutado en los últimos meses un aumento considerable en las deportaciones de personas en situación irregular, con especial presencia de ciudadanos nicaragüenses. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha reforzado su enfoque sobre quienes representan una amenaza para la seguridad pública, pero el impacto se extiende también a migrantes sin antecedentes penales.

En el año fiscal 2025, el país expulsó a 442,637 personas, de las cuales un 38% tenía antecedentes penales, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. Este volumen de deportaciones refleja una política que prioriza la remoción de quienes han cometido delitos, pero que no excluye a quienes carecen de estatus legal, aunque no tengan historial delictivo.

Los nicaragüenses figuran entre los grupos más afectados. Durante 2025, 7,431 migrantes de Nicaragua fueron retornados a su país en vuelos organizados por Estados Unidos, incluyendo la utilización de aeronaves militares.

La mayoría de los deportados eran hombres jóvenes, de entre 20 y 40 años, y con menos de cinco años residiendo en territorio estadounidense. En su mayoría, carecían de antecedentes criminales y fueron deportados únicamente por su situación migratoria irregular.

Las medidas del ICE se centran en identificar y arrestar a extranjeros condenados por delitos graves.

La deportación de inmigrantes con historial criminal sigue siendo una prioridad para las autoridades, como lo ejemplifican casos recientes: en julio de 2025, Mario Alberto Villalta-Alvarado, nicaragüense con condenas por agresión y violencia familiar en Texas, fue deportado tras cumplir su condena. En febrero de 2026, Manuel Antonio Junes Guadamuz, quien tenía una orden de deportación desde 1991 y antecedentes por homicidio, fue localizado y expulsado tras ser detenido en Miami.