El ex represor argentino Adolfo Francisco Scilingo Manzorro, quien fue condenado por la Justicia de España a 1.084 años de prisión por su participación en los llamados “vuelos de la muerte” durante la última dictadura militar, dejó la cárcel en la que estaba recluido en ese país europeo.
Scilingo, de 73 años, fue beneficiado por el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario español, lo cual le permite agotar lo que le queda de condena lejos de prisión. Así, el 18 de noviembre pasado fue derivado a un Centro de Inserción Social (CIS) de la Comunidad de Madrid. En total, pasó 22 años, un mes y 10 días en la cárcel.
En ese lugar de inserción social duerme cada noche, y sale cada día, de lunes a sábado, para ayudar en un comedor social en Madrid. Según el medio Voz Pópuli, en los últimos días se lo ubicó en una pequeña iglesia en el centro de la capital, ordenando bolsas con ropa proveniente de donaciones.
Scilingo fue detenido en 1997 en España, tras reconocer ante el juez Baltasar Garzón que había formado parte de dos vuelos de la muerte durante la dictadura militar, en los cuales se arrojó al mar a 30 personas que habían estado detenidas clandestinamente en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Concretamente, en la primera quincena de junio de 1977 transportó a 13 personas y un sábado de agosto de 1977 llevó a otras 17.
El ex capitán de corbeta contó sus crímenes al periodista Horacio Verbitsky, quien le dio título a su libro El vuelo. En su momento, confesó que sus víctimas “tenían que morir felices y les ponían música brasileña para que bailaran” antes de que los arrojaran al Río de la Plata desde un avión, vivos o muertos.
En 2005, Scilingo fue condenado a 640 años de prisión por un delito de lesa humanidad “con causación de treinta muertes”. Dos años más tarde, en 2007, la pena se incrementó a 1.084 años, al sumársele la complicidad en 255 delitos de detención ilegal. No obstante, en la misma decisión, el Tribunal Supremo limitó a 25 años el máximo de cumplimiento efectivo.
Scilingo, egresado de la escuela naval en los años 70 con el grado de guardiamarina, prestó servicios durante la dictadura en la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires, por donde pasaron 5.000 de los 30.000 desaparecidos que dejó aquel régimen de facto, según organismos de derechos humanos.
El ex marino se retiró a los 40 años, en 1986. Casi diez años más tarde admitió que había participado en la “guerra sucia” encabezada por los militares. Una vez condenado, desde 2018 ya gozaba de salidas transitorias para visitar a su familia en un pueblo de las sierras españolas.
La noticia generó el repudio de diferentes organizaciones. Graciela Lois, integrante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, dijo a El Destape Radio que “evidentemente, ahora tiene estas salidas que corresponden por la edad y por la ley del Servicio Penitenciario español. Yo sabía que estaba pidiendo la libertad. Lo hablé hace como un año con mi abogado. Mi querella sigue”.
“Mi abogado me dijo que no puede apelar a una ley penitenciaria. Aclaro que mi abogado es muy conocido en España y es el hacedor de todo este juicio y es muy respetuoso del tema derechos”, sostuvo Lois. Y agregó: “No me causa ninguna gracia. No sé qué decir. Acá lo tenemos muy presente, pero allá en España nadie sabe quién es”.
“Si ese genocida cree que se va a pasear impunemente por las calles se equivoca. Desde la CTA Autónoma junto a los organismos de derechos humanos de nuestro país como así también en España, articularemos para impedir este grave hecho y que retorne al lugar de donde nunca debió haber salido. Cárcel común, perpetua y efectiva, ni un paso atrás”, expresó por su parte Emiliano Hueravilo, secretario de DDHH de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma Bonaerense.
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