A fines de agosto, empujado por el golpe político que significaron las PASO, Mauricio Macri firmó un decreto para intentar acelerar la venta de los bienes recuperados en causas de corrupción. La norma era una herramienta para que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pueda vender en forma “inmediata” aquellos bienes decomisados por la Justicia, incluso antes de la sentencia judicial. Pero los tiempos electorales y el recambio de gobierno conspiraron con ese proceso. Todos los remates quedaron pendientes. Es más, el organismo encargado de esa tarea sigue vacante, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro de esos bienes.
El gobierno de Alberto Fernández todavía no designó al reemplazante de Ramón Lanús, un joven funcionario del PRO que estuvo a cargo de la AABE hasta diciembre pasado. El candidato más firme, según pudo saber Infobae en fuentes oficiales, es el actual intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.
También sonó el jefe comunal de Malvinas Argentinas y vicepresidente de AySA, Leonardo Nardini, aunque ya estaría descartado.
La nueva gestión deberá definir qué hace con todos los remates pendientes. Solo en la causa de Daniel Muñoz hay más de 30 bienes decomisados que están repartidos entre la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego. Pertenecen a los imputados que ya fueron procesados y admitieron haberlos comprado con el dinero ilegal que recibió el ex secretario privado de los Kirchner.
El único que se intentó rematar es un departamento ubicado en el edificio “Chateau Puerto Madero”. Ese inmueble está a nombre de Sergio Todisco, uno de los testaferros de Muñoz, y su ex mujer Elizabeth Ortiz Municoy. El remate estaba previsto para el 21 de noviembre, con un precio base es de USD 489.123, pero quedó vacante por la falta de oferentes.
Algo similar ocurrió con los aviones de Lázaro Báez. Una de las aeronaves, un Gulfstream Commander-Rockwell, modelo 690-B, arrancó con un precio de 250 mil dólares y terminó en apenas 55 mil dólares, pero tampoco se pudo vender. Por la falta de mantenimiento, solo sirve como chatarra.
Báez tenía otro avión para subastar, un Learjet 35A, matrícula LV-BPL. Según los últimos informes, estaba valuado en más de 500 mil dólares, pero también perdió mucho valor por estar a la intemperie en el aeropuerto de San Fernando. Ahora, la Justicia debe definir si insiste con los remates.
Cuando fueron decomisados, los dos aviones se destinaron al Ministerio de Seguridad de la Nación para el traslado de policías, allanamientos urgentes o para el traslado de detenidos, pero el organismo que comandaba Patricia Bullrich solicitó devolverlos por el costo de mantenimiento.
En la causa de los Cuadernos, la AABE también puede avanzar con el remate de 11 departamentos y una estancia que estaban en poder del ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares. En noviembre, Manzanares entregó en las últimas horas las llaves y se iniciaron los pasos para la tasación. Pero todo quedó pendiente con el recambio de gobierno.
En ese listado de bienes aparecen seis departamentos ubicados en la calle Gobernador Moyano 587, en la ciudad de Río Gallegos, tres en Teniente Carlos Beccar 797, y otros dos en avenida San Martín 269. También quedaron en poder de la AABE las llaves de la estancia Santa Lucia, en la zona norte del Lago Argentino.
La AABE también tiene las llaves de las oficinas de Daniel Muñoz en el barrio de Villa Urquiza, varios edificios de cocheras que están en funcionamiento, y dos locales comerciales ubicados en la avenida Belgrano. Ninguno tiene fecha de remate.
Otro lote importante de bienes que podrían terminar rematados proviene de la causa conocida como “el clan Loza”, una organización criminal dedicada a la comercialización y tráfico de drogas.
Entre los bienes incautados por la Justicia y luego entregados a la AABE hay unas 45 propiedades y unos treinta de autos de lujos, entre ellos tres Ferrari. Las más conocida perteneció a Diego Maradona y fue encontrada en una cochera San Telmo.
El clan Loza fue elegido como un caso testigo para poner en marcha el decreto de extinción de dominio. Otras demandas similares dependen de la conformación de una Procuraduría especializada y de un relevamiento de causas que ya lleva varios meses. El artículo 21 del decreto 62/2019 determinó que la Procuración debe realizar “un relevamiento exhaustivo de las causas penales en trámite”.
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