Régimen de Daniel Ortega ha inmovilizado terrenos comerciales vinculados a empresarios nicaragüenses en Managua

La Procuraduría General de Justicia (PGJ), con apoyo de la Policía sandinista, habría extendido sus acciones contra propiedades y empresas relacionadas con antiguos mandos militares y empresarios nicaragüenses. La medida incluiría terrenos ubicados en zonas de alto valor comercial de Managua y activos vinculados con compañías intervenidas en los últimos días.

Fuentes del sector empresarial citadas por el medio nicaragüense La Mesa Redonda aseguraron que varios terrenos situados en el entorno de la pista Juan Pablo Genie fueron inmovilizados. En esa zona se encuentran las sedes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Centro Corporativo BDF-ASSA, Plaza Ágora y otros desarrollos comerciales.

La presunta restricción de propiedades se conoce mientras avanzan acciones contra instalaciones empresariales relacionadas con el general en retiro Joaquín Cuadra Lacayo, exjefe del Ejército de Nicaragua, y contra compañías que operan en sectores estratégicos de la economía.

De acuerdo con información proporcionada a La Mesa Redonda por fuentes empresariales, el área afectada incluiría terrenos en los que intervino, desde comienzos de los años 2000, la sociedad anónima Desarrollos Ventura. La empresa estaría vinculada, según esas fuentes, con la documentación elaborada al coronel en retiro Mario José Cardenal Chamorro, antiguo director del Instituto de Previsión Social Militar, directivo y accionista histórico del Banco de Finanzas y socio de Cuadra Lacayo.

Hasta el momento, el régimen no ha divulgado una resolución oficial que detalle el alcance de la supuesta inmovilización, las propiedades afectadas ni los fundamentos legales de la medida.

Según publicaciones y discusiones urbanísticas citadas por La Mesa Redonda, Desarrollos Ventura habría concentrado aproximadamente ocho manzanas al sur de Camino de Oriente. Su modelo de negocio habría consistido en adquirir o administrar extensiones de terreno, desarrollar estudios técnicos, habilitar accesos, dividir propiedades y comercializarlas como macrolotes.

La estrategia coincidió con la transformación urbana de ese sector de Managua, impulsada por nuevas vías, rotondas, pasos a desnivel y conexiones con la Carretera a Masaya, Camino de Oriente y Santo Domingo. La infraestructura favoreció la llegada de bancos, empresas y centros comerciales, mientras aumentaba el valor de los terrenos.

La sede del Banco Centroamericano de Integración Económica fue construida en el lote número seis e inaugurada en marzo de 2022. El edificio cuenta con aproximadamente 4,391 metros cuadrados de construcción y representó una inversión anunciada de USD 16.5 millones.

En el lote número tres se encuentra Plaza Ágora, que figura como propiedad de María Lucrecia Lanzas Somarriba y Benjamín José Lanzas Somarriba, accionistas de Llansa Ingenieros S.A., una de las principales constructoras del país. La empresa ha recibido contratos de instituciones y alcaldías controladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Entre los proyectos atribuidos a Llansa figuran tres estadios, con contratos que superarían los USD 104 millones; el paso a desnivel de Nejapa, por USD 20.5 millones, y el hospital de Nueva Guinea, con un monto aproximado de 993 millones de córdobas.

Una fuente empresarial nicaragüense aseguró, además, que el lote número siete, perteneciente a Corporación Agrícola S.A. (Agricorp), también estaría restringido y formaría parte del área originalmente atribuida a Desarrollos Ventura. Las fuentes consultadas por La Mesa Redonda vinculan a Agricorp con Bayardo Arce, actualmente preso por supuestos delitos de lavado de activos y defraudación al Estado de Nicaragua.

Intervenciones contra CENSA y Rocedes

La presunta inmovilización de terrenos coincide con acciones contra empresas relacionadas con Cuadra Lacayo. La noche del lunes 26 de octubre de 2026, fuerzas de la Policía sandinista, bajo órdenes de funcionarios de la PGJ, tomaron las instalaciones de Corporación Eléctrica Nicaragüense S.A. (CENSA), ubicadas en el kilómetro 68 de la carretera El Velero, en Puerto Sandino, departamento de León, según fuentes citadas por el mismo medio.

CENSA opera en Nicaragua desde mayo de 1997 y estaría vinculada con Cuadra Lacayo, quien dirigió el Ejército de Nicaragua antes de desarrollar actividades empresariales. Las razones alegadas para la intervención incluirían presuntos incumplimientos del contrato de suministro eléctrico y supuestas deudas con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y la Dirección General de Ingresos (DGI).

En los días previos también habría sido intervenida Rocedes, una empresa vinculada con el exjefe militar que opera bajo el régimen de zona franca en el Parque Industrial Las Mercedes, en Managua.

Las acciones contra CENSA y Rocedes, junto con la presunta inmovilización de terrenos en Managua, ocurren en un contexto de denuncias sobre inseguridad jurídica para empresas en Nicaragua. En años recientes se han reportado intervenciones estatales contra compañías de distintos sectores, mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos ha advertido sobre los riesgos de invertir en el país y ha recomendado actuar con precaución ante las condiciones del entorno empresarial.