El juez federal Marcelo Dos Santos dispuso que propiedades y sumas de dinero en efectivo, valuadas en más de 7.000 millones de pesos, queden bajo la tutela de la Agencia para la Administración de los Bienes del Estado (AABE), en el primer fallo que se dicta en base al decreto 62/19 de extinción de dominio firmado por el presidente Mauricio Macri, informaron hoy fuentes oficiales.
El magistrado, a cargo transitoriamente del Juzgado Civil y Comercial Federal 10 de la ciudad de Buenos Aires, tomó esta resolución en base a una demanda de extinción de dominio presentada por el Ministerio Público Fiscal contra el denominado “Clan Loza”, una organización criminal dedicada a la comercialización y tráfico de drogas.
Según la resolución judicial, “la demanda se basa en el origen ilícito de los bienes provenientes de los delitos cometidos por una asociación criminal de carácter transnacional con actuación estable, soporte estructural, división de roles, y con capacidad para articular acciones tendientes a sostener el desarrollo de la actividad ilícita en el tiempo”.
Esta asociación del “Clan Loza” tuvo “como finalidad principal el tráfico ilícito de estupefacientes”, básicamente desde la Argentina a España, se explicó. Además, esta organización se abocó al contrabando de divisas desde Europa al territorio nacional y el manejo de los fondos producidos para “mantener vigente la estructura delictiva”.
En el marco de esta causa los fiscales actuantes solicitaron que se impongan embargos a los integrantes del “Clan Loza” hasta “cubrir la suma de $ 7.010 millones de pesos por los delitos de asociación ilícita dedicada al narcotráfico, contrabando de estupefacientes y divisas y lavado de dinero”.
Entre los bienes incautados que ahora deberán pasar a la administración de la AABE se encuentran 45 propiedades en ciudad Ciudad, la zona norte de la provincia de Buenos Aires, la costa Atlántica y la provincia de Salta; una treintena de automóviles suntuosos—entre ellos tres Ferrari—, dinero en efectivo y depósitos en entidades bancarias a nombre de los miembros de la organización y de sociedades creadas para lavar el dinero. Hay además maquinaria, joyas y electrodomésticos secuestrados en allanamientos que se efectuaron en esta causa, tramitada en el Juzgado Nacional en lo Penal y Económico 2.
El juez Dos Santos ordenó en este fallo que “se disponga la extinción de dominio de los respectivos bienes de origen ilícito a los efectos de que sean recuperados y su producido destinado a la sociedad”.
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