Una insólita disputa por contratos y el cambio de gobierno postergan cada vez más el juicio por el Memorándum con Irán

El juicio por el Memorándum con Irán, producto de la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de su muerte, está paralizado desde hace más de un año. En los últimos meses, el Tribunal Federal 8 sólo resolvió los pedidos vinculados a la libertad de los acusados. El último fue la excarcelación de Fernando Esteche. Pero no activó ninguna de las medida de prueba solicitadas por las partes. ¿El motivo? Los jueces reclaman una serie de nombramientos de personal, un reclamo habitual ante un juicio de semejante magnitud. “Hasta que eso se resuelva, no podemos avanzar”, dicen en el tribunal. Eso incluye la declaración del ex titular de Interpol Ronald Noble. No es un testigo más. Para algunas defensas ese testimonio podría voltear toda la causa.

El pedido lleva meses en los despachos de la Corte Suprema, donde también se escuchan quejas sobre la cantidad de cargos que piden los tribunales federales, casi sin control. Es más, fuentes del máximo tribunal aseguraron que en el primer semestre del año se hará un “balance” -no hablan de auditoría- de todos los contratos otorgados para saber si los puestos solicitados se mantienen luego de cada juicio.

El trámite de los nombramientos (en un comienzo se pedían ocho cargos) dio lugar a una interna dentro del TOF 8. En la Corte aseguran que ya se otorgaron “algunos contratos” pedidos por los jueces que lo integran. Según pudo saber Infobae, los “beneficiados” fueron Daniel Obligado y José Michilini. “Se otorgaron uno o dos contratos a cada uno, el destino que les hayan dado es una facultad de ellos”, dicen en el máximo tribunal. La presidenta del tribunal, Gabriela López Iñiguez, está al tanto de esas negociaciones, por fuera de los carriles oficiales. Pese a la polémica interna, en el TOF ratifican que los contratos solicitados en su momento son esenciales para producir la prueba de este juicio.

No es la única versión sobre la parálisis del expediente. Otras fuentes con acceso a la causa aseguran que los nombramientos pendientes son “la excusa perfecta” para no avanzar con una causa incómoda, que tiene entre los imputados a la actual vicepresidenta, al procurador del Tesoro Carlos Zannini, y a Juan Martín Mena, nuevamente designado en el Ministerio de Justicia.

Bonadio dio por cerrada una parte de la investigación en marzo de 2018. Para ese entonces, la ex presidenta Cristina Kirchner ya acumulaba otros dos juicios. El del dólar futuro, que sigue pendiente, y la causa por las irregularidades en la obra pública otorgada al empresario Lázaro Báez, donde ya está siendo juzgada.

El listado de los que fueron a juicio incluía al ex canciller Héctor Timerman (luego fallecido), Carlos Zannini, Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, Juan Martín Mena, el diputado nacional Andrés Larroque, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, el dirigente de la comunidad Jorge Khalil, el dirigente social Luis D’Elía, el ex titular de Quebracho Fernando Esteche y el ex agente de inteligencia Allan Bogado.

Zannini, D’Elia, Esteche, Khalil fueron detenidos en diciembre de 2017. Para el juez, podían entorpecer la investigación.

Cristina Kirchner también recibió prisión preventiva pero nunca se concretó por sus fueros como senadora nacional. Finalmente, el 23 de diciembre pasado, el TOF 8 decidió decidió revocar la preventiva. Los camaristas tuvieron en cuenta "la circunstancia extraordinaria de que la aquí imputada ha sido recientemente investida como Vicepresidenta de la Nación”.

Unos días antes, el 16 de diciembre, el abogado Alejandro Rúa, que representaba a Héctor Timerman, presentó un escrito ante el TOF 8 para que se tenga en cuenta una nota publicada por la hija del ex canciller en el diario Página 12 que da cuenta “del sufrimiento por la persecución desplegada” en la causa. En esa misma nota pide la nulidad de la causa, a la que califica como una “operación”.

En dos meses se cumplen dos años de la elevación a juicio. Y no hay ningún avance en el expediente. Varias defensas trabajan para que no haya debate oral. La expectativa está puesta en la declaración del ex secretario general de Interpol Ronald Noble y del ex consejero general de ese organismo Joel Sollier. Los testimonios fueron pedidos hace un mes por la defensa de Zannini, a cargo de Mariano Fragueiro Frías.

“No hay razón para hacer este juicio. Las alertas rojas no se bajaron (en alusión a los pedidos de captura de funcionarios iraníes emitidos por la Justicia argentina por el ataque a la AMIA), el memorándum no fue aprobado por el Congreso de Irán y en Argentina no entró en vigencia”, aseguró el abogado en diálogo con Infobae.

El escrito presentado ante el TOF 8 pide que Noble declare cuanto antes. El método más inmediato sería una videoconferencia porque actualmente vive en Dubai, pero en el tribunal pretendería que el testimonio se haga en persona para darle la mayor transparencia posible al proceso. Los jueces son conscientes de la trascendencia social y política de la causa, donde se debate si el gobierno de Cristina Kirchner encubrió a los sospechosos iraníes de llevar a cabo el atentado contra la AMIA.

Para la defensa de Zannini, Noble y Sollier podrían aportar información sobre "la inexorable voluntad de los funcionarios argentinos de no alterar el estatus de las notificaciones rojas que pesaban sobre los ciudadanos iraníes acusados de perpetrar el atentado”.

Del otro lado, las querellas piden celeridad y rechazan esos testimonios. “Los testigos deben se convocados durante el juicio, no antes. No se acreditó ninguna circunstancia que haga pensar que no podrá contarse con sus declaraciones al momento del debate oral”, asegura el abogado Tomás Farini Duggan, que representa a familiares de víctimas del atentado.

Noble ya anticipó varias veces, en entrevistas y por redes sociales, el contenido de su declaración. Dirá que el Memorándum no generó un peligro para la vigencia de las alertas rojas. Según la querella que encabeza Farini Duggan, esa afirmación ya fue desmentida por otros testimonios. El abogado menciona las declaraciones de Marcelo Chiapero y del ex vicecanciller Roberto Garcia Moritán, un exhorto de Irán del 4 de noviembre de 2017, y una entrevista otorgada por Rutsel Martha, ex asesor legal de Interpol, donde dijo que hubiera cancelado las alertas rojas.

La investigación de Bonadio, cuestionada en otros despachos de Comodoro Py, fue ratificada por la Cámara Federal en diciembre de 2017, aunque ese tribunal quitó la figura de traición a la Patria.

Un mes después, el entonces juez Sergio Torres le concedió la libertad a Timerman para que pudiera viajar al exterior para tratarse de su enfermedad. En marzo de 2018, el TOF 8 decidió liberar a Zannini, D’Elía y Khalil. El único que quedó preso fue Esteche, ex líder de Quebracho, por una condena previa. Recién salió en libertad después de las PASO cuando estaba por cumplir dos años de preventiva.

“Es una causa que me inventaron y tiene como objetivo perjudicar a Cristina Kirchner”, dijo Zannini el día que dejó la cárcel. Casi dos años después le tocó volver al poder y hasta el presidente lo reivindicó en público. “Por los 107 días que estuviste detenido injustamente”, dijo Alberto Fernández en la presentación de su gabinete.

En estos dos años, el tribunal cambió varias veces su integración. La conformación original era con Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y Nicolás Toselli.

Namer fue recusada por una de las partes a raíz de su paso por la Unidad Fiscal de investigación del atentado a la AMIA tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, y Toselli se excusó por sus lazos familiares con el ex embajador argentino en Siria, Roberto Ahuad, ofrecido como testigo en el juicio.

Esos dos jueces fueron reemplazados por Michilini (del TOF 1) y Tassara (del TOF 2), que luego falleció y en su lugar terminó asumiendo Daniel Obligado.

A los problemas con la integración se sumó la sobrecarga de trabajo de los jueces en otros juicios. López Iñiguez, por ejemplo, participa actualmente del juicio por la “ruta del dinero K” y estuvo en los últimos juicios contra Amado Boudou.

Más allá de las demoras, en el tribunal aseguran que el juicio se va a realizar. Es una cuestión de tiempo. Mientras tanto, sigue la danza de los contratos.

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