La reforma laboral les puso límites a las cuotas solidarias, pero los sindicatos no tienen apuro en cumplir con la ley

La reforma laboral ya es ley y la expectativa está puesta ahora en el decreto reglamentario que dictará el Gobierno para instrumentar sus alcances. Mientras espera una respuesta favorable de la Justicia a su amparo contra la norma, la CGT tiene otro objetivo: tratar de incidir en la redacción de aquel decreto para atenuar el efecto negativo de algunos artículos sobre el poder sindical.

Uno de los puntos bajo la lupa de los dirigentes gremiales es el referido a las cuotas solidarias, que el Gobierno accedió a mantener por presión de los líderes cegetistas, aunque la flamante ley dispuso que tengan un tope del 2% de las remuneraciones de los trabajadores.

La versión final de la reforma laboral, finalmente sancionada, dejó a salvo estos aportes compulsivos vía convenio colectivo de trabajo que se aplican a todos los trabajadores de una actividad, fueran o no afiliados y, aunque fijó un tope, eliminó la exigencia de que ese límite comenzara a regir a partir del 1° de enero de 2028.

El artículo de la Ley 27.802 de Modernización Laboral quedó redactado de esta forma: “Las contribuciones y los aportes previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, a favor de asociaciones de trabajadores, que sean válidas para afiliados o no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención, no podrán superar el dos por ciento (2%) de las remuneraciones de los trabajadores. Quedan excluidas las cuotas de afiliación sindical y las cláusulas que acuerden otros beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que suscribió el convenio colectivo”.

En un relevamiento efectuado por Infobae quedó en claro que los principales sindicatos cuya cuota solidaria supera el 2% no están apurados en reducir el porcentaje a lo que marca la nueva ley. Dirigentes de varias organizaciones gremiales afirmaron que están a la espera del decreto reglamentario para avanzar con los cambios. En otros casos aguardan a que venza el convenio colectivo de trabajo para concretar el cambio correspondiente.

Desde el Gobierno, sin embargo, advirtieron a Infobae que “el límite del 2 por ciento para las cuotas solidarias no requiere reglamentación”, aunque, de todas formas, “se impuso el plazo de un año para modificar los convenios colectivos” porque la nueva ley elimina la ultraactividad automática de las cláusulas obligacionales (donde están comprendidos estos aportes compulsivos).

En el caso del Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, es uno de los que deberá adecuar ese descuento a la Ley 27.802 de Modernización Laboral porque actualmente tiene una cuota solidaria del 3%, uno de los más altas. Sus dirigentes tienen previsto bajar ese aporte al 2% recién cuando se discuta el nuevo convenio colectivo de trabajo de la actividad.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que conduce Armando Cavalieri, todavía ni comenzó a hablar del tema, aunque deberá hacerlo: la cuota solidaria vigente es del 2,5%.

El mismo 2,5% de descuento por la cuota solidaria tienen firmado otros gremios como la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), cuyo titular es Luis Barrionuevo.

Otro de los gremios que tiene una cuota solidaria superior a lo que permite la nueva ley es el Sindicato de Mecánicos y afines del Transporte Automotor (SMATA), encabezado por Ricardo Pignanelli: es del 4%.

Las cuotas solidarias son el recurso clave para el financiamiento de los sindicatos. Se trata de un porcentaje del sueldo que se descuenta de manera obligatoria y compulsiva a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, ya que se acuerda con los empresarios en los convenios colectivos de trabajo.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, incluyó en la primera versión de la reforma laboral lo mismo que ya figuraba en el DNU 70 de Javier Milei: un artículo que condicionaba el pago de esos aportes al consentimiento explícito de los trabajadores, algo que siempre rechazó la CGT porque iba a complicar el pago de ese ítem decisivo a los sindicatos.

En octubre pasado, durante el Coloquio de IDEA, mientras la reforma laboral se debatía en el Consejo de Mayo, Sturzenegger confirmó que apuntaba contra las cuotas solidarias al calificarlas de “peajes sindicales” y aseguró que afectan el salario neto que perciben los trabajadores y el costo total de contratación que asumen las empresas, generando distorsiones en la competitividad y en los precios al consumidor.

Tras calificar estos aportes como “impuestos privados ilegales”, puso en números su impacto: en el caso del convenio colectivo de trabajo del Sindicato de Camioneros, por ejemplo, tiene una cuota solidaria equivalente al 3%del sueldo de convenio y un 4% adicional por otros conceptos, lo que representa un descuento de $845.401 pesos por año a cada trabajador y un ingreso anual al gremio de $206.522 millones.

Según un estudio de la consultora Zentrix, los 10 principales gremios manejan un flujo anual que ronda los USD 685 millones, originado en descuentos obligatorios aplicados sobre el salario formal como las cuotas solidarias. En pesos, esa recaudación supera ampliamente el billón de pesos por año.

En el último tramo de las tratativas sobre la reforma laboral, el sector político del Gobierno (el asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem, Martín y Lule, alineados con Karina Milei) logró neutralizar la posición dura de Sturzenegger y priorizó las negociaciones con los gobernadores y la CGT para facilitar la sanción de la ley.

Eso permitió quitar las fuertes restricciones a las cuotas solidarias del proyecto, pero ahora la central obrera redobla la apuesta: quiere flexibilizar ese punto tan decisivo para la “caja sindical” mediante la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral. ¿Lo logrará?