El Gobierno confirmó este sábado la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “por el plazo de 180 días” y la designación al frente de este organismo de la fiscal Cristina Caamaño, quien deberá presentar una propuesta ante el Ejecutivo Nacional para reformar el sistema actual de espionaje. Las medidas se hicieron efectivas a partir del Decreto 52/2019 publicado en el Boletín Oficial.
El documento, que llevó las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de todos los ministros; le otorgó un marco normativo a la reorganización de la AFI, que había sido anticipada por el propio mandatario nacional durante su discurso de asunción.
Entre otras cosas, el texto estableció que “todas las modificaciones dispuestas por la Interventora en ejercicio de las atribuciones” tendrán “carácter público”, excepto aquellas “que por razones estrictamente funcionales requieran" de ciertos "niveles de seguridad de la información”.
Además, ordenó a Caamaño “preparar y elevar a consideración del Poder Ejecutivo una propuesta de reformulación del Sistema de Inteligencia Nacional, que garantice la producción de información de calidad y oportuna para la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación, limitando el accionar de cada uno de sus componentes a las funciones constitucionales y legales respectivas y reduciendo la actividad confidencial al mínimo necesario funcional”.
En otro de sus artículos, el Decreto le otorgó a la interventora la facultad para “modificar la estructura orgánica y funcional de la AFI, los organigramas correspondientes a su estructura, los regímenes profesionales del personal del escalafón de Inteligencia, del personal del escalafón de seguridad y del personal del escalafón de apoyo” de la ex SIDE.
La fiscal, que es además presidenta de la agrupación Justicia Legítima, también podrá cambiar el “régimen de intervención de fondos reduciendo las partidas confidenciales al mínimo indispensable para su funcionamiento”. Esta fue otra de las promesas que hizo Alberto Fernández, quien en su discurso tras el traspaso de mando aseguró que ese dinero iba a ser utilizado para financiar el plan contra el hambre.
“Transferir a la Jefatura de Gabinete los fondos reservados que excedan a los necesarios para el normal funcionamiento del organismo, para su posterior reasignación a las políticas públicas nutricionales y educativas que resultan estratégicas para abordar la emergencia social”, especificó al respecto el documento publicado por la mañana de este sábado en el Boletín Oficial.
Entre los considerandos, el Gobierno señaló que existía una “tendencia hacia la democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional” que “se vio interrumpida por el dictado del Decreto Nº 656/16”, firmado por el entonces presidente Mauricio Macri y que modificó una serie de aspectos del estatuto del personal de la AFI.
Esta medida, esperada ya que había sido anticipada por el Gobierno, fue publicada en el Boletín Oficial junto otras decisiones importantes, como la de prorrogar las sesiones extraordinarias en el Congreso y la de darle carácter autárquico a la Oficina Anticorrupción.
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