
Lejos de disiparse, después de meses de una compleja licitación atravesada por una puja empresaria que hasta amagó con judicializar el proceso, la polémica en torno a Smartmatic, la compañía a cargo del escrutinio provisorio del próximo fin de semana, crece a medida que se acercan las primarias.
En las últimas semanas, el PJ en boca de su apoderado y sus principales dirigentes, y hasta por parte del propio Alberto Fernández, posaron la lupa en la transparencia del proceso y en la empresa constituida en los Países Bajos, controlada por una sociedad londinense y que se popularizó por sus trabajos en Venezuela.
"Acá el problema es la manipulación del escrutinio provisorio, que permite instalar un resultado que no es tal. Las fallas con Smartmatic son tremendas. Me temo que el Gobierno busque manipular el escrutinio provisorio y así instalar un resultado falso", aseguró este domingo el precandidato presidencial del Frente de Todos en declaraciones radiales, siete días antes de las PASO.
"Todo lo de Smartmatic huele mal, y me da pena que alguien como Adrián Pérez, que siempre luchó por la transparencia, defienda esto. Nunca hubo problemas de fraude con nuestro sistema. No se entiende por qué lo cambian. Vamos a hacer una presentación en la Justicia", completó, sustentado en las dos pruebas que la firma que provee el software para el resultado del escrutinio provisorio realizó desde que ganó la licitación y que, según el PJ, presentaron serias fallas.
"Las pruebas que se han hecho fueron un fracaso", argumentó además Jorge Landau, apoderado del PJ. Enfrente, desde el Gobierno salieron a contrarrestar cualquier tipo de denuncia y a garantizar la transparencia del proceso. Pérez, subscretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, dijo que era "grave" e "irresponsable" hablar de supuesto fraude.

Por su lado, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, rechazó las críticas al escrutinio provisorio: "Se hizo un deporte en Argentina respecto de cuestionar la legitimidad de las elecciones. Esta elección va a ser, por supuesto, transparente. No tengo ni que decirlo. La oposición va a tener acceso a control sobre el escrutinio que no tuvo nunca antes en la historia", aseguró.
"Esperemos también que sea mucho más ágil, porque hemos incorporado tecnología en las escuelas para transmitir los datos con mayor velocidad. Así que no sólo va a ser transparente, recordemos también que la última elección, que fue la única que pudimos organizar nosotros, la del 2017, no hubo ni una sola denuncia de la oposición", amplió.
El funcionario nacional, en declaraciones a TN y a radio La Red, afirmó: "Recordemos que en el 2015 nos fuimos a dormir sin conocer el resultado, lo conocimos recién la mañana siguiente. En el 2017 lo tuvimos cerca de la medianoche. Yo creo que en esta elección lo vamos a tener un poco antes. Los que creen que están perdiendo generan incertidumbre sobre la transparencia del escrutinio. La verdad es que es una actitud bastante irresponsable. Nosotros tuvimos una sola experiencia que fue la del 2019 en donde no hubo una sola denuncia".
La sucursal argentina de Smartmatic -"una sociedad de responsabilidad limitada constituida según las leyes de los Países Bajos", según el Boletín Oficial- fue inscripta en el país en febrero del 2015 con un capital inicial de 5 mil dólares y representada legalmente por Chandler Vladimir Molina Colmenares, un venezolano con domicilio real en la ciudad de Panamá. El 100% del capital de la compañía es controlado por SGO Corporation Limited, con domicilio en Londres, Inglaterra, según los registros.
En el país, la cara visible es Andrés Pablo Rombola, un ejecutivo con pasado en otras empresas de informática que durante el proceso de licitación trajinó despachos oficiales y desplegó una agresiva estrategia de posicionamiento para contrarrestar el poder de lobby de INDRA, la multinacional de origen español que monopolizó el negocio desde 1997 hasta las últimas elecciones de medio término.
Desde el verano y hasta abril, el proceso licitatorio lanzado por el correo estatal, y monitoreado por Andrés Ibarra y por el entorno más cercano de Mauricio Macri, estuvo cargado de tensión y denuncias cruzadas por la batalla entre las dos empresas, a la que se sumaron otros competidores como Thomas Greg & Sons, la española SCYTL y el grupo argentino MSA, que llevó adelante el sistema de votación electrónica en el 2015 en la ciudad de Buenos Aires.
Desde el comienzo del concurso, las sospechas en las oficinas de Puerto Madero de INDRA se centraban en que su competidora principal ofertaría el precio más bajo para quedarse con el negocio. Y así fue: en abril, Smartmatic se quedó con el negocio con casi 17 millones de dólares. INDRA había quedado tercera detrás de SCYTL con una oferta de 19,2 millones de dólares.
A finales del 2018, Smartmatic se había quedado con la primera licitación para la transmisión de las actas, un rubro menor, de poco monto, pero fundamental para el proceso.

La firma había tenido en la última década una participación relevante en las elecciones venezolanas que la popularizaron, aunque su rol en el régimen chavista terminó de la peor manera: Smartmatic cerró sus oficinas en el país caribeño el año pasado. Acusó al Consejo Nacional Electoral de adulterar el resultado de los comicios para la Asamblea Nacional Constituyente del 2017. Antes de eso, la compañía había funcionado durante 15 años y asistido en 14 elecciones.
La semana pasada, el Gobierno tomó nota. La Dirección Nacional Electoral (DINE) dispuso que las agrupaciones políticas podían designar un fiscal partidario por Centro de Transmisión Electoral instalado en cada establecimiento de votación para fiscalizar "el proceso de digitalización y transmisión de telegramas de resultados de mesa" en las primarias, las generales de octubre y la eventual segunda vuelta. Lo hizo ante un pedido de la Cámara Nacional Electoral -a cargo del escrutinio definitivo- en base a una presentación del Frente de Todos.
Hasta el 2017, ese proceso se hacía en forma manual. Ahora está a cargo del software proveído por Smartmatic. Su debut será en las elecciones "más importantes desde el retorno de la democracia", según el relato oficial.
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