La justicia de Tucumán se posicionó con firmeza ante la situación de Susana Trimarco, la presidenta de la Fundación María de Los Ángeles, quien deberá dar explicaciones por los $5,6 millones (entonces USD 418.000) que recibió de parte del gobierno nacional durante la gestión del kirchnerismo. Luego de no poder constatar un domicilio real de la imputada, el juez Daniel Bejas ordenó a la policía la búsqueda de Trimarco para que así pueda presentarse a indagatoria.
La averiguación de paradero con participación de la Policía había sido solicitada en un principio por el fiscal general Gustavo Gómez. En su momento, el juez había rechazado ese pedido y había intimado a Betina Laguna, quien se había presentado como abogada de la fundación, a que proporcione los datos de la ubicación de Trimarco en la provincia de Córdoba. La notificación oficial no se pudo realizar, ya que Trimarco no reside en la provincia de Tucumán.
También se había solicitado a la Justicia electoral que se brindaran datos sobre el último domicilio de la protagonista de la historia, sin que este pedido surtiera efecto. El domicilio otorgado por la justicia electoral refería a una casa en la calle Thames que actualmente se encuentra abandonada y en vías de demolición. Fue así que Bejas solicitó asistencia a las fuerzas federales de seguridad para poder dar con el paradero de la madre de Marita Verón.
El caso explotó en abril del 2016, cuando el gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, intimó a la fundación que preside Trimarco a que devuelva dos terrenos que le había cedido la administración de Cristina Kirchner.
Además, se le solicitó a Trimarco que diera explicaciones sobre dónde fueron a parar los más de cinco millones de pesos recibidos por su fundación en el período entre los años 2009 y 2015.
Precisamente, en ese 2015, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación informó sobre el pago de un anticipo del 25% de los $ 22,5 millones (U$S 1,7 millones de la época) a la organización antitrata de personas para la realización de obras en la propiedad del ex Hospital Militar de San Miguel y la remodelación de un jardín de infantes. Según explicó en el último junio el fiscal Carlos Brito, a cargo de las indagatorias, la fundación no realizó las obras ni siquiera devolvió el dinero recibido.
Está previsto que en la jornada de hoy se presente ante la justicia Gastón Robles, el secretario de la Fundación. También se emitió una nueva citación para la tesorera y prima de la investigada, Alicia Trimarco.
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