El tratamiento del proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos vuelve a entrar en un compás de espera.
La sesión en la que el Gobierno y un sector del PJ planeaban avanzar este miércoles para intentar darle media sanción a la iniciativa que regula y transparenta la recaudación de las campañas políticas quedó postergada en principio para la semana próxima, aunque el bando de los escépticos es cada vez más convocante debido a los sucesivos tropiezos.
"Cuarto intermedio", explicaron fuentes del bloque oficialista tras la reunión de labor parlamentaria. A media tarde, la comisión de Asuntos Constitucionales mantuvo el dictamen de mayoría acordado en diciembre del año pasado. Pero, según fuentes parlamentarias del oficialismo y del PJ, se resolvió aplazar la discusión en el recinto para la semana próxima, por falta de votos y de acuerdos en las modificaciones que tanto senadores como diputados empezaron a negociar antes de darle media sanción al proyecto.
"El Congreso no puede hacer oídos sordos y debe enfrentar los hechos de corrupción que atraviesan el financiamiento de la política. Eludir este tema y no transparentar los aportes nos llevaría al peor de los escenarios, que es la infiltración del narcotráfico en la política", razonó ante Infobae el senador justicialista Dalmacio Mera, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, que fue ratificado esta tarde en ese sillón, y uno de los negociadores de la iniciativa con la Casa Rosada.
En las últimas horas, tanto desde el Gobierno como desde el PJ habían planteado dudas en torno a la posibilidad de obtener este miércoles la media sanción, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores. En el congreso del PRO de ayer en Parque Norte remarcaban que faltaban reunir votos.
El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, fue, por caso, uno de los que más impulsaron el tratamiento en las últimas semanas. Aunque el proyecto nunca figuró entre las prioridades de la Casa Rosada, incluso de cara a la campaña presidencial.
El proyecto, que entre otras modificaciones a la Ley 26.215 introduce la bancarización de los aportes y la vuelta de las donaciones empresarias a las campañas -prohibidas en 2009-, el punto más discordante, incluso puertas adentro del oficialismo, había sido enviado por el Gobierno al Congreso a mediados de julio del año pasado, apurado por la investigación en torno a la causa por irregularidades en los aportes en el marco de la campaña bonaerense del macrismo de 2017. Y navegó a la deriva hasta estos días, en buena medida por los chispazos internos en Cambiemos y por el rechazo de un sector de la oposición.
A mediados de febrero, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el presidente de Diputados Emilio Monzó habían acordado con Miguel Ángel Pichetto y un grupo de senadores del PJ el tratamiento del proyecto después de la apertura de sesiones de Mauricio Macri. Como un tema prioritario. La prioridad empieza a perder fuerza.
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