
La Justicia investiga una denuncia por supuestas irregularidades y la falsificación de los aportes electorales de la campaña de Cambiemos en las elecciones legislativas del año pasado. Ayer, la presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Teresa García, amplió su presentación judicial en el Juzgado Federal Nro.3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, contra los principales dirigentes del gobierno bonaerense.
En la justicia federal, la causa es investigada por el juez Sebastián Casanello, que deberá decidir si hubo falsedad ideológica y lavado de dinero en la operatoria, y también en la fiscalía electoral de Jorge Di Lello, en este caso por la posible violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos.
La denuncia, que tiene su origen en una investigación del periodista Juan Amorin en El Destape, alerta sobre la eventual falsificación de los nombres de los aportantes de la campaña que tuvo como principales candidatos a Esteban Bullrich y Graciela Ocaña. También, sobre la participación apócrifa como aportantes de más de 800 personas entre beneficiarios de planes y monotributistas sociales.
"Todos los días aparecen nuevos casos, y ya no solamente se trata de beneficiarios de planes sociales, lo cual es absolutamente repudiable, sino que ahora también se hizo público el testimonio de diversos monotributistas sociales que niegan haber aportado a la campaña electoral de Cambiemos, lo que podría estar revelando que se trató de un plan sistemático de falsificación de documentación y lavado a gran escala", señaló la senadora García.

En los últimos días, y consultada sobre esta denuncia durante una recorrida en el distrito de General Villegas, la gobernadora María Eugenia Vidal aseguró que "después de cada elección, cada partido tiene que hacer la rendición de fondos de la campaña que transcurrió". "Nosotros lo hicimos, nos presentamos en la Justicia para hacer la rendición de fondos; no hay nada que ocultar en estas denuncias que se hicieron sobre algunos aportantes".
Sin embargo, la mandataria, que además es la presidenta del PRO en la provincia de Buenos Aires, ordenó "una auditoría dentro del propio frente electoral". "En segundo lugar, nos presentaremos en la Justicia. Esta es una denuncia del kirchnerismo, pero no importa de donde venga, nos presentaremos con todos los papeles", destacó Vidal.
Y amplió: "Es importante destacar que la ley de financiamiento de partidos políticos tiene lagunas, tiene deficiencias, por eso creemos que lo mejor es que haya una nueva ley que contemple que los aportes sean bancarizados, así no quedan dudas de quién aportó o no, si firmó o no un recibo. A partir de la bancarización de los recibos queda claro quién aportó o no, así tenemos las cuentas claras".

Estos puntos están contemplados en un proyecto de ley que, entre otros, impulsa el secretario de Asuntos Políticos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, pero la discusión en el Congreso avanza a paso lento.
En febrero de este año, el oficialismo presentó en la Justicia electoral los informes finales de rendición de cuentas de las elecciones del año pasado. Gastó, según dichos documentos, $88.619.941 en las campañas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires para apuntalar las listas encabezadas por Elisa Carrió, Esteban Bullrich y Graciela Ocaña.
Con relación a esta denuncia, el titular de La Alameda y ex legislador porteño por el frente Bien Común, Gustavo Vera, desarrolló una herramienta para buscar por apellido, nombre y documento los aportantes privados de los diferentes partidos políticos.
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