Bajo la consigna "Sin Justicia no hay República", se desarrollará este jueves la marcha para reclamar al Consejo de la Magistratura que avance con la destitución del juez federal Luis Rodríguez, acusado de recibir coimas millonarias a cambio de favorecer al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, en una investigación ligada a la causa de los cuadernos.
Convocada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, comenzará a las 18:30 y tendrá lugar afuera de la sede del órgano multisectorial, emplazado en Libertad 731.
En un comunicado, la entidad que preside Guillermo Lipera indicó que la marcha tiene como propósito ejercer el derecho de peticionar a las autoridades para que se profundicen las auditorías a juzgados federales y se tomen medidas disciplinarias para dar mayor transparencia y eficacia al servicio de Justicia.
La movilización tendrá como oradores a los filósofos Santiago Kovadloff y Diana Cohen Agrest, y al abogado especialista en derecho constitucional, Daniel Sabsay.
Entre las figuras que manifestaron su apoyo a la marcha del #28F se encuentran la diputada nacional Elisa Carrió, el director de cine Juan José Campanella, el humorista Alfredo Casero y el Foro de Convergencia Empresarial, que integran 26 entidades del sector privado entre las que se encuentran la Sociedad Rural, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA, la Asociación de Bancos de la Argentina y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.
Sin Justicia no hay República. #28F pic.twitter.com/SzlDFN5k76
— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) February 21, 2019
Además, un petitorio del sitio Change.org ya sumó más de 55.000 firmas en apoyo a la remoción del juez. "Es nuestro deber, como ciudadanos que pagamos impuestos, pedir que estos jueces sean investigados seriamente y destituidos en el caso de demostrarse su culpabilidad", señala el texto de la plataforma web de participación ciudadana.
Rodríguez quedó en el ojo de la tormenta luego de que Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, revelara en el marco de su declaración como arrepentida en la causa de los cuadernos que su marido le confesó antes de morir que, a través de su abogado Miguel Ángel Plo, le había pagado 10 millones de dólares al magistrado para frenar una investigación sobre lavado de unos USD 70 millones mediante la compra de propiedades en Estados Unidos.
El ex contador del matrimonio Kirchner Víctor Manzanares y Elizabeth Municoy, acusada de ser testaferro de Muñoz y Pochetti, también arrepentidos en la causa de los cuadernos, confirmaron estar al tanto del pago al juez federal.
La causa había nacido en 2013, caratulada como enriquecimiento ilícito, y terminó en sobreseimiento para Muñoz y su esposa. Sin embargo, fue reactivada a partir de un informe de la UIF luego del escándalo de los Panamá Papers.
El fiscal Carlos Stornelli pidió entonces el congelamiento de sus activos y su prisión preventiva en el marco de la causa, pero Rodríguez rechazó los argumentos. En octubre el juez federal Claudio Bonadio pidió a Rodríguez que remitiera la investigación debido a su conexidad con la causa de los cuadernos.
Rodríguez se negó, lo que generó una suerte de tironeo judicial, que terminó con la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de apartar a Rodríguez del caso, luego de determinar que concedió la eximición de prisión de Pochetti y otras cinco personas involucradas en la causa sin valorar toda la prueba ofrecida por la Fiscalía.
Como consecuencia de la declaración, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura determinó de manera unánime acceder a la declaración jurada de bienes del magistrado federal y le pidió a Bonadio las declaraciones de todos los acusados en la causa de los cuadernos donde se nombrara a Rodríguez.
En paralelo se abrió una causa penal que recayó en el Juzgado Federal de Sebastián Casanello. El juez delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita, quien deberá investigar si hubo cohecho por parte de Rodríguez. Mientras tanto, el magistrado que ocupa el juzgado federal 9 de Comodoro Py ya acumula 8 acusaciones ante el Consejo.
La misma llegada de Rodríguez a su cargo estuvo rodeada de controversia: pocos días antes del concurso por la plaza, una empleada judicial solicitó de parte del Juzgado de Instrucción Nº11, en el que se desempeñaba entonces Rodríguez, un expediente con una temática similar al caso que tuvo que resolver en el examen.
Su designación en el Senado tuvo la oposición del radicalismo, y a su vez fue impugnada por impugnaciones de organizaciones civiles y de derechos humanos tales como como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos Capital y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
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