Convocan a políticos y aportantes a terminar con las contribuciones en efectivo en la campaña electoral

Si no se logran consensos en el Congreso, los argentinos volverán a votar este año con la ley del 2009, que permite el aporte en efectivo para las campañas electorales, o sea, impide auditar la trazabilidad del dinero en un asunto tan delicado como es el financiamiento de la política.

Aprobada en la Cámara de Diputados cuando el kirchnerismo ya había perdido las elecciones legislativas y unos días antes de que cambie la composición -cuando perderían la mayoría-, la ley fue presentada como una gran reforma electoral (de hecho, estipuló por primera vez las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), pero facilitó la entrega de dinero en efectivo sin dejar rastros, impidiendo conocer el origen de los fondos.

Después del escándalo de los aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires, donde se conocieron casos de beneficiarios de planes sociales como donantes en la campaña legislativa de Cambiemos en el 2017 por $20.000 y $ 25.000 a pesar de no tener capacidad económica para hacerlo, el Gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto de financiamiento político que no avanzó por diferencias con el peronismo, pero también dentro de la propia fuerza, ya que la Coalición Cívica expresó su negativa a que una nueva ley permita el aporte a las campañas de personas jurídicas, es decir, de empresas.

Mientras tanto, en el Senado avanzó un acuerdo entre Cambiemos y Argentina Federal y hay dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales de un proyecto que obliga a la bancarización de los aportes (vía transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o de débito), al tiempo que amplía de 8 a 24 los auditores en la Cámara Nacional Electoral para realizar los controles.

El bloque que lidera Elisa Carrió anticipó que de llegar a Diputados votará en general y en particular el proyecto, pero se opondrá a los artículos que permiten el aporte empresario a las campañas políticas. "No será la CC la que impida que Argentina tenga una nueva ley de financiamiento político", dijo una diputada del bloque.

Sin embargo, los tiempos apremian. Para que esté vigente en las próximas elecciones presidenciales, como máximo debería aprobarse en marzo en el Senado y en abril en Diputados, ya que 50 días antes de las PASO deben presentarse los candidatos y tienen que hacerlo bajo la legislación que regirá la elección, que tendrá que estar reglamentada y publicada.

En diálogo con Infobae, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, no se animó a mostrarse optimista ante el desafío. "Iba a tratarse en el recinto del Senado el año pasado, donde Cambiemos solo puede sesionar con acuerdo, pero la sesión se frustró, se cayó varias veces", dijo. Y aseguró: "Vamos a hacer todo el esfuerzo, porque el proyecto quedó realmente bien, incluso quedó redactado un procedimiento electoral sancionador muy claro para los ilícitos electorales, que va a permitir que los jueces puedan actuar con otra firmeza".

Si el Poder Ejecutivo envía el proyecto consensuado a extraordinarias podría empezar a tratarse en febrero, porque se supone que Casa Rosada enviaría un paquete de leyes antes del inicio de las sesiones ordinarias que empiezan el 1º de marzo, aunque no está confirmado. Tampoco el temario.

Para Leandro Querido, de Transparencia Electoral, "el manual de las reformas electorales indica que se deben impulsar en años no electorales. Lamentablemente en nuestro país vivimos en campaña permanente y las extraordinarias ya operan en modo electoral, lo que distorsiona el debate y atenta contra la posibilidad de contar con un plexo normativo serio".

Por su lado, Julia Pomares, directora ejecutiva de CIPPEC, le dijo a Infobae que "los tiempos todavía están, pero no podemos olvidar que al ser materia electoral son proyectos que necesitan lo que se conoce como mayoría agravada, la mayoría de los diputados miembros de cada Cámara, no la mayoría de los presentes o mayoría simple". "Además, ya hubo varios intentos", coincidió.

Es por eso que CIPPEC, junto a Poder Ciudadano y Red de Acción Política (RAP) lanzaron una campaña pidiendo un consenso para aprobar una nueva legislación en materia de financiamiento de la política pero, ante la posibilidad de que no se logre, convocando a un compromiso a las empresas para que solo hagan aportes con dinero bancarizado.

Es la iniciativa #2019Transparente que está publicada en forma de solicitada hoy en Infobae y otros medios de comunicación, que se sumaron a la campaña, porque busca comprometer a otros actores de la vida institucional de la Argentina, incluyendo a la misma Justicia Electoral.

"Las reglas actuales alientan la informalidad, permiten que la totalidad de las campañas sean financiadas en efectivo, mientras que los controles son posteriores a la elección", dijo la directora del programa de Instituciones Políticas de CIPPEC, Carolina Tchintian, a través de un comunicado de prensa.

Y agregó que cerca del 80% de los aportes legales de la última elección legislativa fueron no trazables, por lo que no se puede saber el origen de los fondos, "sumando desconfianza de los votantes con el sistema democrático".

"Ir a una elección sin modificar las reglas actuales del financiamiento de la política implica un alto riesgo para la credibilidad de la democracia", aseguró Pomares a través de la comunicación que distribuyó CIPPEC.

En octubre del año pasado, cuando se realizó la reunión anual de IDEA en Mar del Plata, un panel integrado por una nueva generación de empresarios se comprometió a no realizar aportes en efectivo en la campaña electoral de este año y expresó claramente que tienen que están bancarizados, para que pueda seguirse su trazabilidad.

Gastón Remy (de Vista Oil & Gas), hablando en nombre de Carola Fratini Lagos (Zurich), Sergio Kaufman (Accenture) y Roberto Murchison (Grupo Murchison), sostuvo: "Tenemos que hacer más transparentes nuestros vínculos con el Estado y los aportes tienen que quedar claros, ya sea de parte de empresas o de ejecutivos empresarios".

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