Los padres de un alumno que realizó una amenaza de bomba en una escuela de Mar del Plata deberán pagar una multa de $3.000.000 y perderán un beneficio social que tenían asignado.
El hecho, que reveló el portal local 0223, ocurrió en la Escuela Secundaria N° 18 “Astor Piazzolla”, ubicada en Gascón al 4800, en el barrio Don Bosco. Todo comenzó con un tradicional llamado anónimo, que advirtió sobre un supuesto artefacto explosivo en el establecimiento.
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Después del mensaje, se desencadenó lo previsto. Evacuaron inmediatamente a los alumnos, docentes y directivos, con el despliegue de protocolo de las fuerzas de seguridad. El operativo concluyó, afortunadamente, sin hallazgos. La amenaza era falsa.
Luego de la interrupción escolar, la fiscal Florencia Salas quedó a cargo de la investigación y logró rastrear el número de teléfono desde el que se realizó la llamada. Con ese dato, dispuso el allanamiento del domicilio del estudiante, lo que permitió identificarlo como autor de la amenaza.
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Las autoridades de la escuela coordinaron con la Justicia de Menores las particularidades del caso. Finalmente, se fijó como sanción económica una cifra equivalente al costo total del operativo policial desplegado, y la pérdida del beneficio social que el grupo familiar tenía asignado.
La directora de la escuela secundaria, Verónica Castro, habló sobre la amenaza de bomba. “Este equipo de conducción tomó como decisión no dejar pasar esta situación como una broma simple de un estudiante, sino abordarlo con la complejidad que tiene en un contexto social ya complejo”, indicó a La Nación+.
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Castro explicó que, al recibir la advertencia, la escuela activó de inmediato el protocolo correspondiente. Según relató, la amenaza no ingresó al establecimiento sino que fue realizada directamente al 911, y tampoco fue necesario llevar a cabo un allanamiento. “Esta familia llamó a la comisaría y dijo que se hacía responsable porque era un miembro de su familia. Con el adulto responsable aún no me entrevisté”, explicó.
La directora contó que, desde la dependencia policial, informaron que existen sanciones económicas a los involucrados en estos episodios, y que el proceso de identificación “se hace en un plazo menor a 5 horas”. Y agregó que “si percibía un beneficio social, se le restaba un beneficio, y que la familia se tenía que hacer responsable del procedimiento, que oscila en torno a los 3 millones de pesos”.
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“Hay chicos que tienen dificultades y situaciones complejas que acompañamos. Es un chico que tuvo conductas disruptivas, pero está dentro del rango adolescente se puede prever. No habíamos tenido amenazas a compañeros”, puntualizó Castro, sobre el caso señalado.
Tras el episodio, la dirección de la Escuela Astor Piazzolla dispuso que los estudiantes ingresen sin mochilas ni teléfonos celulares. Solo pueden llevar su carpeta, el cuaderno de comunicaciones y una cartuchera pequeña, todo dentro de una bolsa transparente que permita ver el contenido.
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La medida se aplica en otros establecimientos educativos de distintas provincias ante situaciones similares. Este jueves se realizó en la escuela una jornada de convivencia de asistencia obligatoria, orientada a “sostener a la escuela como un territorio de paz”.

En los últimos días, tres estudiantes de sexto año de la Escuela Nuestra Señora del Camino, de entre 16 y 17 años, fueron imputados por intimidación pública después de amenazar con un tiroteo el lunes 20 de abril, según informó la Departamental DDI de Mar del Plata. El mensaje fue el clásico mensaje viral de las últimas semanas, en la puerta del baño de varones el jueves previo.
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En otro episodio, la semana pasada, la Escuela Secundaria Técnica N° 2, situada en San Luis al 1445, en el centro de la ciudad, también fue evacuada tras una pintada hallada en un baño. A diferencia del caso de la Astor Piazzolla, en este episodio no se pudo identificar al responsable.
La amenaza motivó la intervención de la Brigada de Explosivos, que inspeccionó el edificio y confirmó que no había ningún artefacto peligroso en el lugar.
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El gobierno bonaerense envió la semana pasada un documento a las escuelas de la provincia, con pautas de intervención frente a la ola de amenazas de tiroteos o detección de armas de fuego. Este procedimiento establece que el personal debe actuar con celeridad para priorizar la integridad de la comunidad y fija una cadena de comunicación inmediata entre directivos, inspectores y autoridades regionales.
El instructivo indica que, ante la aparición de mensajes amenazantes, la dirección de cada escuela debe radicar la denuncia ante la fiscalía para iniciar la investigación penal. Y si se exhibe un arma, los adultos deben tratar el objeto como si estuviera cargado y dialogar con el estudiante para mantener la calma, hasta que llegue la policía.
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“Las inspectoras e inspectores nos están acompañando. En el territorio, en el día a día, son los docentes con el equipo de conducción los que tenemos que tomar minuto a minuto”, aclaró Castro.
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