(Reuters)
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Se trata de un codiciado listado de 451 personas que la policía de Alemania detuvo el año pasado durante la cumbre del G20 realizada en Hamburgo y que el Gobierno argentino ahora está requiriendo para reforzar los mecanismos de seguridad y evitar filtraciones de grupos violentos en la reunión de presidentes que se realizará la semana que viene en Buenos Aires.

A menos de 10 días de la cumbre del G20 no llegó oficialmente ese listado de detenidos en Hamburgo que el gobierno argentino podría emplear para detener a los manifestantes antes de ingresar al país.

Según pudo reconstruir ayer Infobae de al menos cuatro fuentes de la Casa Rosada y de la embajada de Alemania en Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich no había recibido hasta anoche el  listado de detenidos en Alemania a pesar de los requerimientos que se hicieron hace varios meses.

"No tenemos ningún listado de Alemania. Aún no lo mandaron", expresó un funcionario de jerarquía del Ministerio de Seguridad. Tampoco en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) o en la Dirección de Migraciones estaría disponible esa lista de "personas con antecedentes penales proclives a impedirse su ingreso al país", como describió una fuente de la Casa Rosada.

De hecho, ayer hubo una reunión de Bullrich con el embajador de Alemania en Buenos Aires, Jürgen Christian Mertens, donde la ministra de Seguridad le habría vuelto a reclamar al diplomático alemán el listado de los detenidos en la cumbre del G20 en Hamburgo del 2017 para poder sumar al operativo de seguridad en los ingresos a la Argentina.

Sin embargo, hasta ahora no habría existido una respuesta favorable del gobierno de Angela Merkel al pedido de la Argentina. Al menos no se oficializó siquiera este aporte de la justicia o el gobierno alemán.

Desde la embajada de Alemania los voceros de Mertens expresaron a Infobae que "en el marco de la amplia y profunda cooperación bilateral entre los gobiernos de la Argentina y la República Federal de Alemania colaboramos de forma regular vía canales establecidos en cuestiones de seguridad".

Sin embargo, al ser consultados puntualmente sobre si Alemania había entregado a la Argentina el listado de 451 detenidos en la cumbre de Hamburgo del año pasado los voceros diplomáticos se limitaron a sostener: "No vamos a hacer comentarios".

El debate legal

Más allá de este aparente entredicho diplomático relacionado con la entrega o no del listado de detenidos de grupos antiglobalización que estuvieron en el G20 de Hamburgo y que ahora podrían venir a la Argentina existe un debate legal dentro del Gobierno respecto de la posibilidad concreta de detener a estas personas más allá de que se cuente con esa lista.

Hay un sector del Gobierno que sostiene que si no se tiene una orden de captura internacional de Interpol de los detenidos en Hamburgo que ahora quieran ingresar a la Argentina no se los podría rechazar. Este dilema se dio el año pasado con algunos de los manifestantes antiglobalización que quisieron venir a Buenos Aires para la cumbre de la OMC y fueron detenidos en Ezeiza. Luego se presentaron organismos de derechos humanos en su defensa porque no tenían una orden de captura de Interpol.

A la vez, otro sector de la Casa Rosada cree que con el simple hecho de tener antecedentes penales o una sospecha fundada la ley de migraciones, el decreto 70/2016 contempla la posibilidad de impedir el ingreso de una persona a la Argentina.

Según datos oficiales, sustentados en esta legislación el año pasado la Argentina rechazó el ingreso de 17.000 extranjeros que tenían sospechas de vínculos con grupos terroristas o anarquistas o con antecedentes penales.

No obstante, el dilema legal respecto a la posibilidad de dar o no ingreso a extranjeros sin orden de captura de Interpol o sin previa autorización judicial está vigente en el Gobierno. Pero el debate se profundizará mucho más si se sabe de la lista de los detenidos en Hamburgo pero no se cuenta con datos oficiales de antecedentes penales aportados por Alemania.

Este dilema no se da en países como Estados Unidos o Gran Bretaña, por ejemplo, donde las leyes de seguridad nacional permiten la deportación automática ante la mínima sospecha de las autoridades de que la persona que quiere ingresar tiene relaciones con grupos contrarios al orden democrático. Incluso en estos países se dieron casos en los que se desvió un avión fronteras afuera del país porque en la aeronave viajaba una persona con antecedentes o sospechas de formar parte de un grupo terrorista.

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