La Justicia investiga la entrega irregular de 247 visas que dio la Cancillería a ciudadanos chinos

Desde el viernes pasado la jueza María Romilda Servini de Cubría investiga la entrega irregular de 247 visas argentinas ofrecidas a ciudadanos chinos que ingresaron por Chile en una maniobra irregular que incluiría una red mafiosa de tráfico ilegal de personas y que ya involucra a la cónsul argentina en Antofagasta pero también podría salpicar a funcionarios de mayor jerarquía del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El canciller Jorge Faurie ordenó a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la cartera a su cargo que presente una denuncia penal ante la Justicia y el viernes pasado salió sorteado el Juzgado Criminal y Correccional N° 1 a cargo de Servini de Cubría para avanzar con la investigación sustentada en una auditoría consular y en un sumario en marcha.

Según revelaron a Infobae fuentes calificadas de la Cancillería, la investigación judicial tiene en la mira a la cónsul argentina en Antofagasta Sol Durini y a un administrativo de esas oficinas, quienes entregaron 247 visas a ciudadanos chinos, entre junio de 2017 y julio de 2018. Pero también la investigación a cargo de la jueza Servini de Cubría alcanzaría a los jefes de entrega de visas desde 2016 como son Pablo Echeverry y Diego Bairossi, al mismo tiempo que se busca determinar el nivel de responsabilidades que tuvo el director general de Asuntos Consulares, Luis María Sobron.

"El canciller vio conveniente que más allá de la auditoría consular en marcha y el sumario administrativo que se está realizando a la cónsul Durini sea la Justicia la que investigue las responsabilidades penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público o eventual fraude al fisco en el que pudiera haberse incurrido con el otorgamiento irregular de visados a ciudadanos chinos", explicó a Infobae un funcionario del Palacio San Martín.

En la investigación que hay en marcha en la Cancillería y que ahora tomará la Justicia penal se busca determinar por qué la cónsul entregó 247 visas a chinos en Antofagasta en 2018 cuando el promedio de entrega de visados por año desde ese consulado era de no más de 70 visados al año.

A la vez, se está investigando que los chinos que pidieron las visas "no encuadraban en los requerimientos" para darles el visado y que se habrían sustentado en una red ya que llegaron a Santiago de Chile y dos días después se trasladaron a Antofagasta para requerir los visados que les permitieron entrar en Argentina legalmente. Luego se comprobó desde la Dirección de Migraciones que los 247 chinos se quedaron más tiempo del permitido para permanecer como turistas, que es de 90 días.

Ernesto Gaspari, secretario de Coordinación y Planificación Exterior del Palacio San Martín, ya había denunciado ante un grupo reducido de embajadores la existencia de una red de traficantes de inmigrantes chinos y exigió una "investigación de oficio" a todos los responsables de la cadena de mando por el manejo irregular en la entrega de visas a extranjeros a partir del polémico caso del consulado argentino en Antofagasta, Chile, donde se entregaron 247 visas a ciudadanos chinos.

La "auditoría consular" para determinar la cantidad de visas truchas que se entregaron a los chinos ya se puso en marcha y en paralelo a ello la Cancillería dispuso la intervención interina del consulado de Antofagasta, por medio de la resolución interna 2018-1036, que definió enviar a Diego Alonso Garces como cónsul interino en Chile para suplantar a Durini.

Según pudo saber Infobae, el nivel de responsabilidad del director de Asuntos Consulares será investigado a partir de dos cables internos de la Cancillería que avalaron todo este movimiento sospechoso de entrega de visados. En un primer cable enviado por Durini a Sobron de diciembre del 2017 le pide "atento incremento del turismo" un total de "300 obleas" certificadas. Esto es la validación de 300 visas de las cuales 247 fueron a parar a ciudadanos chinos que ingresaron como turistas a la Argentina. El segundo cable de respuesta se lo envió a la cónsul en Antofagasta el mismo director de Asuntos Consulares bajo una respuesta simple y directa: "Autorizo".

El hecho genera muchas suspicacias porque entre los años 2000 y 2017 el flujo de visas entregadas en Antofagasta para el ingreso de turistas a la Argentina no era mayor de 50 o 70 al año. Fuentes consultadas por Infobae revelaron que llama la atención que el director de Asuntos Consulares no haya advertido esta anomalía en el pedido de "300 obleas".

Sin embargo, en diálogo con este medio Sobron deslindó cualquier responsabilidad en el caso. "La cadena de responsabilidades en la entrega de visas corre por cuenta de la cónsul ya que yo no soy dueño de la entrega de visados", dijo. Además, el director de Asuntos Consulares destacó que nunca le llamó la atención que en el 2017 la cónsul de Antofagasta le pidiera 300 visas cuando siempre se entregaron 50 o 70 por año "porque -explicó- ello puede darse asiduamente para tener como stock y repartir las obleas como reposición para otros consulados del país donde se piden visados".

La mayor parte de esas visas fueron otorgadas a chinos que provienen de la provincia de Fujian, que tienen facilidades de entrar a la Argentina por los acuerdos migratorios firmados con Beijing en el acercamiento bilateral iniciado en 2004.

El régimen actual de migración entre la Argentina y China es bien claro. Los chinos pueden ingresar al país por 90 días pagando como turistas una tasa migratoria de 50 dólares. Pero muchos se quedan de manera ilegal al vencerse los 90 días de estadía o consiguen visas falsas para extender el plazo de su permanencia en el país.

A su vez, en la entrega de visas por parte de los consulados no había hasta ahora una intervención más directa de un filtro de la Dirección de Migraciones o de la Agencia Federal de Inteligencia para determinar los antecedentes de quienes requieren los visados.

La Cancillería negó hasta ahora que se investigue a Sobron y se limitó a establecer que hay una "auditoria consular" en marcha por el caso de la cónsul Durini. A la vez, entregó documentación y pidió a la Justicia que avance con una investigación penal.