Casación confirmó la condena a 4 años y medio de prisión para Carlos Menem y de 3 años y medio para Domingo Cavallo

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena a 4 años y medio de prisión para Carlos Menem y a 3 años y medio de cárcel para el ex ministro de Economía Domingo Cavallo por el delito de peculado, en la causa conocida como "sobresueldos".

Fue una decisión dividida, en la que las juezas Ana María Figueroa y Ángela Ledesma se inclinaron por confirmar la sentencia contra los ex funcionarios. En cambio, el juez Eduardo Riggi entendió que eran razonables los planteos de las defensas en torno a que estaban vencidos los "plazos razonables", en sintonía con el fallo dictado la semana pasada con el que se absolvió al ex presidente y hoy senador por la causa del contrabando de armas agravado a Croacia y Ecuador.

Carlos Menem, de 88 años, tiene fueros como senador pero el ex ministro Cavallo, de 72 años, no y por lo tanto esta decisión lo deja al borde de una detención si se le rechaza un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia. No obstante por su edad y sus problemas de salud es posible que de ordenarse su arresto el creador del plan de la convertibilidad pueda tener el beneficio de la prisión domiciliaria.

No es la primera causa juntos que enfrentan Menem y Cavallo: de hecho, ahora están siendo juzgados por haber vendido el predio de la Rural a un precio vil en 1991, un caso que –si sigue la lógica de los tiempos– también buscarán dar por prescripto.

Si bien la condena de Cavallo y Menem fue ratificada, el ex ministro de Justicia menemista Raúl Granillo Ocampo –que también había sido juzgado y condenado en esta causa a 3 años y tres meses de prisión– quedó absuelto, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

La decisión se filtró antes de lo previsto. Las partes habían sido convocadas a una audiencia al mediodía para notificar el fallo.

Según indicaron las fuentes, la votación estuvo peleada: Ledesma y Figueroa resolvieron rechazar los recursos de casación y en consecuencia confirmaron las condenas. Sobre Granillo Ocampo, en cambio, Ledesma votó por confirmar su condena mientras que Figueroa entendió que había que absolverlo por el beneficio de la duda.

Riggi, en cambio, entendió que había que absolver a todos en base a jurisprudencia de la Corte Suprema y de la propia Cámara de Casación. Y sobre todo por el fallo que -con su firma- la semana pasada absolvió al ex presidente Menem por el contrabando de armas.  Insistió en un fallo de la Corte Suprema que reconoció que existía expresamente la posibilidad de declarar el quebrantamiento de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, aun cuando exista sentencia condenatoria.

El caso de los sobresueldos nació de otro escándalo: la causa por el enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray cuando empezaba el nuevo siglo y Menem había dejado el poder.

La fallecida ex ministra de Medio Ambiente había justificado su incremento patrimonial en los sobres que se pagaban a los ministros y que el propio Cavallo, en una reunión de Gabinete, pidió que se declararan ante la AFIP.

En el juicio oral contra Menem, Cavallo y Granillo Ocampo, que terminó en el 2015, los fiscales consideraron probado "un sistema clandestino de pago" de sobresueldos con montos obtenidos de fondos reservados, que eran retirados en la Secretaría General de la Presidencia hasta 1994 y luego de la Jefatura de Gabinete o del quinto piso del Ministerio de Economía.

Según esa mecánica, los ministros considerados de más alto rango cobraban sobresueldos de 100 mil pesos o dólares (durante la convertibililidad) y los restantes integrantes del gabinete sumas de 50 mil, 40 mil y 20 mil pesos o dólares en el caso de secretarios de estado, siempre en efectivo y dentro de un sobre. Estas sumas representaban el cuádruple y hasta el quíntuple de los haberes mensuales legales que debían cobrar los funcionarios y eran pagadas en forma clandestina, sin registro alguno.

"Nunca supe que los suplementos podían provenir de un acto ilícito. Si lo supiera, no lo habría hecho declarar en la DGI", aseveró Cavallo cuando se defendió. Incluso argumentó que "hasta el Congreso tenía partidas de la ley 18.302", norma ya derogada que indicaba el destino que se le podía dar a los fondos reservados.

El tribunal dio por acreditado los hechos sostenidos por la fiscalía y la OA. Votó las condenas y un decomiso de 220.868 pesos a Cavallo. A Menem no se le impuso una pena similar porque para la Justicia fue responsable solo de haber autorizado que fondos reservados sean utilizados para pagar sobresueldos a sus entonces funcionarios.

El fallo: