Con voces a favor y en contra, concluyó en el Senado la segunda ronda de consultas a especialistas sobre la legalización del aborto

El Senado finalizó este miércoles la segunda ronda de consultas a especialistas sobre la legalización del aborto.

Entre los 22 expositores que pasaron por el plenario de las comisiones de Salud, Justicia y  Asuntos Constitucionales opinaron constitucionalistas y juristas como Ricardo Gil Lavedra, Andrés Gil Domínguez y Aída Kemelmajer, quienes coincidieron en casi todos sus argumentos a favor del proyecto.

También se refirieron, junto con los médicos que expusieron, a la objeción de conciencia que contempla el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados para los profesionales de la salud que se nieguen a practicar un aborto y señalaron que el registro en el que deben anotarse "no tiene que ser público".

Kemelmajer, ex jueza de la Corte Suprema de Mendoza, en una exposición de casi una hora, explicó que en el sistema constitucional argentino "no se duda de que hay vida desde la concepción" y que "la vida se protege desde la concepción" pero "los derechos no son absolutos y pueden entrar en conflicto con otros derechos".

Y explicó que "cuando entra en conflicto el derecho de la mujer con este derecho que tiene el feto desde la concepción" se aplica "el criterio de la progresividad" y precisó: "En el primer trimestre, que comprende hasta la semana 14 (de gestación), como el feto no tiene suficiente desarrollo, le damos más peso al derecho a la autonomía de la mujer. Cuando tiene más desarrollo, tendrá menor autonomía y deberá mostrar las causales".

En el mismo sentido se expresó Gil Lavedra, quien tras manifestarse a favor de la legalización, afirmó: "No comparto el punto de vista de que hay un derecho de vida absoluto del embrión. Hay una cuestión incremental".

"El Código Penal trata diferente a la persona que al embrión. Se habla de el que 'matare a otro', pero en el caso del aborto se dice el que 'causare'. No es un homicidio, lo trata de un modo distinto porque son distintos. El embrión tiene derecho a la vida pero es más pequeño y se va incrementando a medida que avanza el embarazo", señaló.

Así también lo entendió Gil Domínguez, al sostener que "el derecho a la vida es un proceso de continuidad gradual" y abundar que "a partir de la semana 14 se le da más peso al derecho a la vida que a la decisión individual de la mujer".

En cambio, el también constitucionalista Gregorio Badeni, que se expresó en contra de la legalización, sostuvo que "es importante tener en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico, guste o disguste, la vida empieza en el momento de la concepción".

"Siempre es necesario proteger los derechos de la mujer. Pero ¿quién defiende los derechos de la persona que está por nacer? Nadie", apuntó el abogado.

Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), sostuvo que "la Convención Americana de los Derechos Humanos dice que el derecho a la vida no es absoluto sino de desarrollo gradual".

Objeción de conciencia

Los médicos invitados a exponer sobre el proyecto hicieron hincapié en el derecho a la objeción de conciencia contemplado en el proyecto, al que también se refirieron algunos de los juristas que participaron de la reunión.

La ginecóloga María de los Ángeles Carmona, quien habló en nombre del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, fue la primera en plantear que "la objeción de conciencia no debe ser plasmada en ningún registro público" y cuestionó que el proyecto "no permita ejercer la objeción de conciencia cuando hubiera un único médico disponible".

"El reconocimiento de la objeción de conciencia no debe ser considerada como un incumplimiento de la norma sino como respeto a la persona en su individualidad. Debe ser institucional o individual, parcial o total", agregó.

José Wechsler, de la Asociación de Médicos de la República Argentina, fue consultado por los senadores respecto de si el registro de objetores de conciencia podía funcionar como una "lista negra" y señaló: "Si es público sí. Estamos generando una nueva forma de limitar derechos para el trabajador médico".

Gil Domínguez, en cambio, aseguró que el proyecto "no conculca la objeción de conciencia" porque "el registro no es público, es confidencial" y, frente a un cuestionamiento de la senadora Inés Brizuela y Doria, que señaló que el proyecto no especifica que el registro sea privado, indicó: "Tampoco dice que será público".

Sobre el mismo tema, el constitucionalista García Lema indicó: "La objeción de conciencia tiene fundamento en el principio de la libertad de cultos. Está previsto para los habitantes del país e inclusive para los extranjeros".