Lo había planteado el propio Horacio Rodríguez Larreta durante la campaña del 2015, aunque después quedó solo como una promesa electoral. Y volvió a sobrevolar los principales despachos del oficialismo -y de la oposición- en las últimas semanas.

Ahora, en medio del debate por los aumentos en las tarifas, empieza a tomar forma. Según confiaron a Infobae fuentes parlamentarias, el bloque del PJ en la Cámara alta -que responde a Miguel Ángel Pichetto- trabaja en estos días en un proyecto de ley "de equidad federal de servicios públicos", que impulsa la transferencia del control de las distribuidoras Edesur y Edenor, y AYSA, a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Es decir, al jefe de Gobierno porteño y a la gobernadora María Eugenia Vidal. Ya tiene la firma de algunos senadores.

El proyecto, cuyo borrador se terminó de elaborar a principios de semana, conllevaría un alto impacto político y fiscal para la ciudad y la provincia de Buenos Aires. De avanzar, Vidal y Rodríguez Larreta deberán hacerse cargo del servicio de distribución de energía eléctrica en la Ciudad y en el Gran Buenos Aires y, por caso, de la fijación de las tarifas finales, hoy reguladas por el Ente Nacional de Regulación de Electricidad (ENRE). Lo que se transfiere en ese sentido es el control del ENRE de Nación a los distritos porteño y bonaerense. Una idea que también daba vueltas hace tiempo por Casa Rosada pero que todavía tiene resistencia interna.

Es que, por ejemplo, el costo social de los aumentos de tarifas o de los cortes en el suministro de energía con la eventual transferencia serían absorbidos por la gobernadora y por el jefe de Gobierno.

(Télam)
(Télam)

El tema se planteó incluso en la reunión que anteayer mantuvieron Mauricio Macri y el gobernador Juan Manuel Urtubey, uno de los que reclaman desde hace tiempo junto a su par Juan Schiaretti que Ciudad y Provincia se hagan cargo de las autoridades regulatorias, como el resto de las provincias.

En el caso de AYSA, que presta los servicios de agua y saneamiento en la Ciudad y en 25 distritos del conurbano bonaerense, el costo fiscal del que deberían hacerse cargo Vidal y Rodríguez Larreta, en caso de concretarse el traspaso, sería de unos $15.000 millones.

"En relación al estado financiero de AYSA para el 2018, la empresa cubre los gastos de operación, en donde se incluyen ocho nuevos municipios, así como el servicio de la deuda, con la facturación de los servicios de agua y cloaca, y las inversiones de mejora, mantenimiento y expansión con el financiamiento a través de las siguientes fuentes: transferencias del Tesoro nacional y transferencias de organismos multilaterales, ambas aprobadas por Ley de Presupuesto, la colocación de Obligaciones Negociables y la devolución del IVA crédito fiscal. A través de estas fuentes se cubre la totalidad de las necesidades de financiamiento", explicó la Jefatura de Gabinete en el informe mensual que Marcos Peña presentó hoy en la Cámara  baja en relación al estado actual de la empresa estatal.

Y abundó en que la deuda actual de la compañía es de 660 millones de dólares.

Según el extenso informe de Peña -el número 110-, ante la pregunta de los diputados opositores, "no está previsto que las facturas correspondientes por los servicios de agua y saneamiento de AYSA sean con tarifas planas, ni tampoco que sean abonadas en cuotas". Como lo definió el Gobierno para los casos de luz y gas, tras la discusión interna con los socios de la alianza oficialista.

El proyecto del PJ no K del Senado aparece horas después del dictamen de mayoría a la media sanción girada de Diputados en torno a la emergencia tarifaria, que retrotrae los aumentos de tarifas, una iniciativa que será tratada en el recinto la próxima semana y que, en caso de aprobarse, será vetada por Macri.

Para evitar ese costo político, el oficialismo tomó ayer el proyecto alternativo de un sector de los gobernadores peronistas que propone la reducción del IVA, y que la Casa Rosada ahora ve con buenos ojos. Como una solución intermedia. Resta saber cuál será la reacción oficial al texto que avanza en la transferencia del control de Edenor, Edesur y AYSA a los distritos porteño y bonaerense.