La Sala I de la Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento de Martín Báez y de ex funcionarios de la Dirección de Vialidad Nacional en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del grupo Austral. En ese mismo expediente, ya están procesados y van a juicio oral la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y Lázaro Báez, entre otras personas.
En septiembre del año pasado, el juez Julián Ercolini había procesado al hijo mayor de Báez (que acumula otros procesamientos en el marco de la causa denominada "la ruta del dinero K") y a otras cuatro personas. Son dos ex funcionarios de Vialidad (Carlos Alonso y Sergio Passacantando, acusados de los delitos de administración infiel agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional), el entonces presidente de la empresa Austral Construcciones, Julio Mendoza, y un ex contador del grupo, Fernando Butti.
Para Ercolini, esas dos últimas personas "tomaron decisiones direccionadas con conocimiento de que aquellas eran necesarias para hacer confluir en el grupo Austral los fondos de la obra pública vial de Santa Cruz".
La Cámara, con los votos de Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, ratificó los procesamientos, pero sumó a otros ex funcionarios de Vialidad, que habían sido beneficiados con la falta de mérito: Sandro Férgola, Jorge Eduardo Gregorutti, Gustavo Marcelo Gentili, Fernando Abrate y Myriam Elizabeth Costilla, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores los primeros y de partícipe necesario la última.
Sobre Férgola, la Cámara remarcó que "en el marco de sus competencias, debía fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las contratistas y controlar el proceso constructivo de las obras. Por tanto, en principio, la intervención del encartado en los expedientes de obra pública vial resultaba fundamental".
En esta causa se investiga un complejo entramado delictivo que tuvo lugar entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, "que se habría constituido desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo y concretado a través de diversos actos". Entre ellos, el juez Ercolini enumeró la "designación de funcionarios afines, canalización de fondos públicos hacia la provincia de Santa Cruz, realización de obras por convenio con delegación de facultades propias de Vialidad Nacional a Santa Cruz y procesos licitatorios irregulares en pos de favorecer a Lázaro Antonio Báez".
En marzo pasado, el juez dio por clausurada la instrucción y elevó el expediente a la próxima instancia.
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