
La Policía Federal Argentina allanó la sede del Sindicato de Choferes de Camiones en San Miguel por denuncias de supuestas coimas a empresarios y extorsiones, y secuestró USD 130.000 y $300.000 de una caja fuerte.
El procedimiento se dio en el marco de la causa que investiga el delito de "pedidos de dádivas a comerciantes", a cargo de la fiscal Carina Saucedo, de la UFI N°2 de General Rodríguez.
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Fuentes policiales informaron que el allanamiento comenzó ayer a las 22, en la sede ubicada en la calle Concejal Tribulato 1531 del partido del noroeste bonaerense, y se extendió durante la madrugada de este sábado.
El dinero secuestrado fue trasladado a la sede fiscal. Además, los agentes decomisaron documentos, computadoras y otros elementos de interés para la causa.
“El operativo es el resultado de un gran trabajo en equipo entre las fuerzas de seguridad, la Justicia y el Ministerio”, expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Obtuvimos un dato, lo seguimos y realizamos tareas de investigación, que nos permitieron desplegar con eficacia y precisión los allanamientos en el Sindicato”, añadió.
La causa se inició en marzo pasado cuando una denuncia de empresarios del rubro de alimentos congelados advertía que que eran extorsionados con importantes sumas de dinero por diferentes trámites vinculados a la circulación y el manipuleo de comestibles refrigerados.
Según esta acusación, los camioneros de San Miguel ejercían amenazas y pedían coimas para que trabajen únicamente con determinadas empresas, las cuales estarían en connivencia con la organización.

Aunque por el momento no hay detenidos, la semana próxima comenzarán las citaciones a los integrantes del consejo directivo del sindicato para determinar quiénes están implicados en el cobro de dineros irregulares.
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En los allanamientos intervino la División Investigación de Delitos Violentos de la PFA, que encabeza el comisario Néstor Roncaglia.
La investigación quedó bajo la jurisdicción del Juzgado de Garantías N°1, del departamento judicial Moreno–General Rodríguez, a cargo de la jueza Adriana Julián.
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