La diputada nacional de Libres del Sur Victoria Donda Pérez se sumó a las críticas por el polémico listado de 1.111 presos "sugeridos" por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en condiciones de obtener la prisión domiciliaria y salidas transitorias, entre los que figuran 96 represores condenados por delitos de lesa humanidad, violadores y otros peligrosos criminales.
La legisladora planteó que "es inconveniente" la elaboración de una nómina semejante ya que el otorgamiento de estos beneficios "son garantías penales que le corresponden evaluar a los jueces en los casos concretos".
"No puede ser una política generalizada para quien cometió delitos de lesa humanidad y secuestros extorsivos", afirmó Donda en diálogo con radio La Red, y reiteró que, por lo tanto, "no corresponde que el el Servicio Penitenciario Federal haga una sugerencia de estas características".
La polémica en torno a la lista de internos se originó a partir de un artículo de Infobae, que reveló que el SPF elevó una nómina con ocho listas de reclusos "sugeridos" al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias.
En ese escrito, el organismo comunicó a los jueces, a la Defensoría General de la Nación, a la Procuración Penitenciaria y al Ministerio de Justicia el conjunto de internos que estaban en condiciones de acceder a la tobillera electrónica y gozar de prisión domiciliaria. El objetivo de fondo era descomprimir la superpoblación en las cárceles.
"Condenas vencidas"
El SPF informó que el listado elaborado se trata de una "imagen objetiva y universal" sobre los presos en condiciones de recibir beneficios carcelarios, y desligó su responsabilidad ante posibles excarcelaciones de los internos sugeridos, al afirmar que la dependencia "en ningún caso otorga libertades de tipo alguno".
"Por imperio legal, es el Poder Judicial quien determina y otorga los beneficios de egreso anticipado y libertades por vencimiento de la condena, y también quien determina las personas que se incorporan al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica", plantearon las autoridades del SPF a través de un comunicado de prensa difundido este miércoles.
"El Poder Judicial debe considerar cada caso concreto de manera individual, y la administración penitenciaria, a través de un equipo interdisciplinario, debe también de manera individual efectuar un análisis y actuación – tanto clínica como actuarial- que de manera no vinculante se remite a la autoridad judicial para su oportuna resolución", añadió el comunicado.
Si bien no es vinculante, la lista con los reclusos "sugeridos" causó malestar entre los jueces. Es que la nota constituye una señal política hacia el sistema carcelario y judicial, que busca favorecer la liberación de detenidos bajo el argumento del déficit habitacional carcelario.
"El mismo Gobierno que nos putea y nos denuncia con juicio político por liberar a violadores nos pide que liberemos violadores", denunció un magistrado a este medio.
Así también lo entendió la diputada Victoria Donda, nieta recuperada cuyo tío represor figura en el cuestionado registro del SPF. "Si el Código Procesal Penal reserva (los beneficios carcelarios) como una prerrogativa de los jueces para que sea evaluado en los casos concretos, es porque lo que se quiere evitar es anticiparlos para quienes cometieron los actos más atroces contra la sociedad", consideró.
Los presos en cuestión
En su comunicado, el SPF indicó que el "diagnóstico situacional" incluye también un "informe mensual de la cantidad de internos tanto procesados (63%) como condenados que de manera objetiva podrían ser evaluados para acceder" a los institutos y garantías penales "previstas por ley y reconocidos por los organismos internacionales".
En el registro figuran también los que están en condiciones de ser tratados "bajo la figura de egreso anticipado" y unos 800 internos extranjeros que "podrían ser evaluados para su oportuna expulsión".
Considerados como grupos de población, un 25% promedio de la nómina de "recomendados" está agrupado en "madres alojadas con hijos menores a 4 años, embarazadas, LGTBI, enfermos terminales, discapacitados, y un 6% de internos mayores de 70 años", precisó el SPF.
Entre los detenidos "célebres" recomendados por el Servicio Penitenciario están "El Tigre" Acosta, jefe del Grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, y condenado a prisión perpetua; Julio "el Turco Julián" Simón; y Cristian Federico von Wernich ex capellán de la policía de la Provincia de Buenos Aires, entre otros represores.
En tanto, Guillermo Fernández Laborda, integrante del Clan Puccio está dentro de los presos mayores de 70 años “sugeridos” por delitos comunes con posibilidades de salir de prisión. Por su lado, otro de los conocidos en condiciones de recibir la libertad condicional según el SPF es Mario Segovia, también llamado “El rey de la efedrina”.
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