Casación confirmó la condena de Mario Segovia, el "rey de la efedrina"

La Sala I de esa Cámara también ratificó la pena de otras nueve personas. En el fallo hizo hincapié en que las sustancias traficadas pueden afectar la salud pública

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(Télam)
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La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas para 10 personas de entre 4 y 14 años, según el grado de participación, por el tráfico internacional de materias primas para producir estupefacientes y de al menos 4.600 kilos de efedrina o pseudoefedrina con destino a México. Entre los condenados se encuentra Mario Segovia, conocido como "el rey de la efedrina".

Los jueces Ana María Figueroa (presidenta), Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos rechazaron los recursos de casación e inconstitucionalidad interpuestos por las defensas de los imputados contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín y dejaron firme la condena.

La complejidad de las maniobras investigadas llevó a que fuera necesario formar 14 cuerpos de actuación. El delito por el que resultaron condenados fue calificado como contrabando agravado por la participación de tres o más personas y por tratarse de sustancias que puedan afectar la salud pública -91 hechos- por un total aproximado de 4.400 kilogramos.

En su voto, el juez Hornos expresó que la investigación no podía quedar ceñida a las maniobras detectadas en el caso, sino que debía ampliarse en la búsqueda de otras líneas investigativas posibles que surgieran de la causa desde una perspectiva probatoria más completa.

Ello teniendo en cuenta las características propias del fenómeno de criminalidad organizada propia de los delitos de contrabando, los contactos que tendrían sus integrantes con otras organizaciones delictivas, la procedencia de la sustancia ilícita y el flujo de dinero que existe detrás de estas empresas criminales.

Además, resaltó la importancia de combatir, mediante políticas públicas, la creciente problemática del crimen organizado y el narcotráfico tanto en el ámbito nacional como internacional, para evitar el daño o peligro que generan en la salud y la dignidad de las personas.