Luego de que el Gobierno recomendara a la Justicia beneficiar a 1.111 presos con la libertad condicional o la prisión domiciliaria bajo supervisión con tobillera electrónica, legisladores y referentes del Frente Renovador expresaron su rechazo y preocupación por la iniciativa.

En el listado de "sugeridos" que elaboró el Servicio Penitenciario Federal (SPF) figuran condenados por delitos de lesa humanidad, como Jorge "El Tigre" Acosta y Julio "el Turco Julián" Simón, uno de los integrantes del Clan Puccio, homicidas, violadores y condenados por robo.

Al rechazar la propuesta oficial, orientada a descomprimir la superpoblación de las cárceles argentinas, el FR solicitó el tratamiento del proyecto de Ley de Reforma del Código Penal presentado por el espacio.

En conferencia de prensa, Graciela Camaño, presidenta del bloque de diputados nacionales del FR, sostuvo: "Si el criterio es que efectivamente haya justicia en la Argentina y que el que las hace, las pague, tenemos que denunciar esta práctica. La libertad condicional no puede ser otorgada de forma arbitraria. Si el problema es la 'superpoblación de cárceles', que construyan nuevas. Pero la solución del Poder Ejecutivo es liberar presos porque sí".

"Hay un Código Penal que se dice que se va a cambiar, pero sin decir cómo. No hay ningún motivo para que el Código Penal no se discuta —agregó Camaño—. No puede ser que el Poder Ejecutivo nos obture la labor parlamentaria con la creación de comisiones. Armar comisiones en el Poder Ejecutivo para que en el Poder Legislativo no se puedan tratar ni debatir los temas sensibles para la sociedad, es antidemocrático y antirepublicano", continuó Camaño.

Luego la diputada nacional Vanesa Massetani recordó que en 2015 Massa presentó su proyecto de reforma del Código Penal, cuya principal medida era el cumplimiento efectivo de las condenas. "Es necesario cambiar el Código Penal, pero también construir cárceles, para evitar el pretexto de la 'superpoblación', que después deriva en liberar de forma exacerbada delincuentes, a costa de la seguridad de todos los ciudadanos", explicó.

Y agregó: "Un tema muy sensible para la sociedad es el alto nivel de reincidencia que tienen los delincuentes en nuestro país. Creemos que Argentina debe avanzar en fortalecer al Poder Judicial, para que cuide al ciudadano y, sobre todo, a la víctima".

Por su parte, el diputado Felipe Solá señaló que en la Sedronar "no hay ni equipamiento ni capacidad para hacerle frente al aumento impresionante del narcotráfico en estos años". "La lucha contra el narcotráfico se enfoca en las fronteras, pero el paco en los barrios, sigue siendo el paco en los barrios", dijo.

Y añadió: "Respecto a la reincidencia, proponemos que el Estado, en lugar de liberar de manera discriminada delincuentes, haga un análisis exhaustivo de cada caso. Si el Gobierno se endeudó en millones de dólares en este tiempo, debe tener presupuesto para construir cárceles".

En la misma línea, Diego Gorgal, especialista en Seguridad del FR, criticó el "gradualismo que en materia de seguridad y sistema penitenciario está teniendo el Gobierno". "La propuesta de liberación de represores evidencia la decisión deliberada del Gobierno de poner en libertad delincuentes sin pensar en las víctimas ni en los millones de argentinos —abundó—. El Gobierno está en campaña, pero tiene que gobernar, y eso se concibe con decisiones, no con marketing. Acá lo que está en juego es el derecho a la seguridad en libertad que tenemos los argentinos que no cometemos delitos".

Por último, el diputado provincial Ramiro Gutiérrez declaró: "Este Gobierno no tiene Código Penal. En tres años, no le dijeron a los argentinos cuál es su Ley Penal. Nuestro proyecto es una ley clara de fortalecimiento del Código Penal. Malas noticias para las leyes blandas que hoy permiten que un represor recupere la libertad".

En 2015, bajo el lema "un Código Penal justo, que le devuelva la seguridad y la tranquilidad a la gente", el Frente Renovador presentó su proyecto de reforma. Entre las principales propuestas, se destacan: tipificación del delito de corrupción e imprescriptibilidad; la Ley de Extinción de Dominio (que los culpables de delitos de corrupción devuelvan al Estado el dinero obtenido por enriquecimiento ilícito); cadena perpetua para narcotraficantes y violadores; respaldo a la víctima (que el Estado acompañe a las víctimas de delitos, durante el proceso judicial) y el cumplimiento de condena efectiva (eliminar beneficios y/o disminución de penas).

Acompañaron la conferencia de prensa los diputados Alejandro Grandinetti, Cecilia Moreau, Marcela Passo, Alejandro Snopek, Daniel Arroyo, Mirta Tundis y Rosa Muñoz.