
En momentos en que se conoció la decisión del Gobierno de avanzar con la transformación de la base aérea de El Palomar en una terminal de operaciones civiles para empresas aerocomerciales Low Cost, se filtró la tajante posición que la Fuerza Aérea, a través de su Jefe de Estado Mayor Brigadier General Enrique Amrein, le hizo llegar al Ministerio de Defensa. Allí se hace mención a cuestiones operacionales, estratégicas y reglamentarias que se verán afectadas por la resolución impulsada por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich.
Este martes se conoció que la base de El Palomar había sido formalmente incorporado al Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), según el decreto 1092/2017, que se publicó en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gabinete Marcos Peña. En el aeropuerto del oeste del Gran Buenos Aires planean operar empresas low cost, como FlyBondi y Norwegian Air, que este año fueron habilitadas por el Gobierno para volar en territorio argentino.
Si bien la carta fue difundida durante la jornada de ayer, está fechada el 3 de noviembre, por lo que se entiende que la opinión de la máxima autoridad aérea militar no fue tomada en cuenta.
Según la posición institucional de la Fuerza Aérea, El Palomar no es un aeropuerto tal como sugiere el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) sino un aeródromo público que se encuentra dentro del predio de una unidad militar integrante del Sistema de Defensa Nacional.

La Fuerza Aérea sostiene que la transformación de la base en una terminal aerocomercial será grave para el mantenimiento de las capacidades logísticas de la fuerza y, por ende, para el accionar de instrumento militar nacional.
Mientras que según las autoridades del ORSNA la base cuenta con innumerables predios ociosos (hangares), la FAA sostiene que la información es errónea ya que en los mismos se realizan tareas de mantenimiento y recuperación de diversas aeronaves militares.
Apuntando a cuestiones netamente legales y reglamentarias, Amrein cuestiona diversos aspectos de la transferencia del predio de la órbita de Defensa a la del Ministerio de Transporte, poniendo énfasis en los problemas operativos que se podrían suscitar si no se diferencian claramente las actividades aeronáuticas civiles y militares, algo que no quedaría muy claro en el proyecto que el gobierno nacional parece decidido a encarar.

En lo que fue considerado por las autoridades políticas como lo más duro de la carta aeronáutica, el jefe de la fuerza deja perfectamente claro que no está bajo su competencia consentir que la 1° Brigada Aérea pase a integrar el Sistema Nacional de Aeropuertos. Esto es porque al ser parte del Sistema de Defensa Nacional, deberá ser el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (el presidente Mauricio Macri) quien debería asumir las responsabilidades inherentes a tal traspaso.
Esta dura postura de la Fuerza Aérea llega en momentos en que otra fuerza (la Armada Argentina) atraviesa la peor crisis institucional de su historia a partir de la pérdida del submarino ARA "San Juan" y la sucesiva filtración de documentos confidenciales.
En el entorno de Amrein sostienen que el Brigadier quiso ser explícito y totalmente claro a la hora de deslindar responsabilidades administrativas e incluso penales que pudieran sobrevenir a esta decisión.
Si bien es un secreto a voces que las jefaturas del Ejército y la Fuerza Aérea serán renovadas próximamente, el actual jefe no tomó esta iniciativa en soledad y no quiso dejar esta cuestión en manos de quien finalmente resulte su sucesor.
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