Cambiemos y el PJ presentaron un proyecto para limitar el mandato del procurador general

El oficialismo y el PJ presentaron hoy en el Senado un proyecto para reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal, que limita a cinco años el mandato del procurador general de la Nación y habilita al Poder Ejecutivo a removerlo por decreto.

La iniciativa, que probablemente sea tratada la semana que viene en el Congreso, fue presentada por el presidente provisional del Senado y referente del oficialismo, Federico Pinedo, junto a su compañero de bloque Ángel Rozas (UCR) y los legisladores del bloque PJ-FPV Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey. Se trata de un proyecto que reforma tanto la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal como la del Ministerio Público de la Defensa, con nuevos criterios para la designación, la remoción y la duración del mandato del procurador y del defensor general.

El proyecto de ley establece que el procurador general de la Nación, cargo que hoy ocupa Alejandra Gils Carbó hasta que se haga efectiva su renuncia el 31 de diciembre, será designado por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado por "mayoría absoluta de sus miembros". De esta forma, el proyecto elimina el requisito actual de reunir una mayoría de dos tercios de la Cámara alta para designar al procurador y establece, en cambio, que alcanzará con la mitad más uno de los senadores, es decir 37 votos. También le quita el carácter vitalicio del cargo y señala que el procurador "dura en su función cinco años y podrá ser reelegido por dos años por única vez".

Uno de los puntos neurálgicos del proyecto es el mecanismo de remoción, dado que semanas atrás el juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials declaró "inconstitucional" el procedimiento del juicio político como única forma de desplazar al jefe de los fiscales. De acuerdo a la iniciativa, el procurador podrá ser removido de su cargo cuando incurra en mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones "por decisión fundada del Poder Ejecutivo", la cual podrá ser revocada únicamente por el Senado "en el plazo máximo de 10 días hábiles".

También la Cámara de Diputados, "por iniciativa de la mayoría absoluta de los miembros presentes a solicitud de cualquiera de sus miembros" podrá desplazar al jefe de los fiscales, aunque tanto en este caso como en una decisión del Ejecutivo se necesitará el acuerdo de la mayoría absoluta del Senado.

Por otro lado, el proyecto disuelve las procuradurías especiales creadas por la ley original, como la de Violencia Institucional o la de Narcocriminalidad y establece que "el procurador general podrá disponer por resolución la creación (…) de procuradurías especializadas cuando la política de persecución penal pública o el interés general de la sociedad así lo requieran".

Según el proyecto, en la Ley del Ministerio Público de la Defensa se incluirán los mismos requisitos de designación, remoción y duración en el cargo para el defensor general de la Nación.

La presentación del proyecto en el Senado desactiva la iniciativa que en 2016 impulsó el Gobierno en la Cámara de Diputados con el objetivo de remover de su cargo a Gils Carbó, a quien el presidente Mauricio Macri identifica con el kirchnerismo. Esa iniciativa fue frenada por la oficialista Elisa Carrió, quien consideró que le otorgaba demasiado poder a la Comisión Bicameral que controla las actividades de la Procuración, encabezada por el massismo.

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