
¿Hubo un encubrimiento del Gobierno en la desaparición de Santiago Maldonado? La pregunta deberá ser abordada por la Justicia de Esquel porque el juez federal Rodolfo Canicoba Corral se declaró incompetente en la causa que había impulsado el fiscal Federico Delgado contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros Germán Garavano (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), entre otras personas. El magistrado determinó que ese posible delito se investigue en el mismo lugar donde se produjeron los hechos.
"La conducta exigida a las personas denunciadas se refiere a un hecho sucedido en jurisdicción del juez federal de Esquel, y exclusivamente allí. Tal circunstancia no disminuye el interés, compromiso y preocupación por lo que sucedió. Pero no desvía la consideración de la competencia tal como debe ser entendida", opinó Canicoba Corral al declinar la competencia en el juzgado federal de Esquel, donde tramita la causa que investiga una posible desaparición forzada de Maldonado.
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La denuncia había sido impulsada por la "Liga Argentina por los Derechos del Hombre" y el "Instituto Arturo E. Sampay". Esas dos ONG acusaron a los funcionarios de "deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social".
Al impulsar la causa, por los presuntos delitos de encubrimiento, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, el fiscal Delgado había pedido una serie de medidas de prueba.
Entre los acusados también aparecen el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, el director de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, y varios comandantes de esa fuerza.
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Canicoba Corral rechazó avanzar con la investigación desde la Justicia federal de la Capital Federal. "Escindir así un supuesto encubrimiento, que como queda dicho debería eventualmente ser investigado –incluso como figura autónoma– en Esquel, de la original de "desaparición forzada" en los términos planteados en la denuncia, resultaría artificial, desde que el encubrimiento se vería desplazado por el principio de especialidad o de las reglas propias del concurso de delitos", argumentó en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
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