Sorpresa, conmoción, impacto… No alcanzan los adjetivos para medir en términos políticos la reacción que generó en el mundo la crisis que sacude a Brasil. No es para menos: el dueño de una de las principales empresas del país grabó a su presidente avalando el pago de un soborno.
En un audio de 39 minutos, que fue difundido por la cadena O'Globo, se puede escuchar a uno de los titulares de la compañía JBS, Joesley Batista, y a Michel Temer dialogar sobre las coimas que habría recibido Eduardo Cunha, el ex jefe de la Cámara de Diputados brasileña preso por corrupción.
El registro de la charla representa un desafío desde el punto de vista jurídico. ¿Hasta que punto son válidas este tipo de grabaciones para probar un delito en un proceso penal? La Argentina tiene un antecedente cercano que puede allanar el debate. Si bien cada país es autónomo y dicta sus propias reglas, muchos jueces apelan al derecho comparado a la hora de emitir sus fallos.
El año pasado, la Cámara Federal de Casación, el tribunal penal de más alto rango antes de la Corte, validó escuchas en la causa Skanska. Con el voto de los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Ángela Ester Ledesma, revisó una decisión de la Cámara Federal que había excluido como medio de prueba una grabación secuestrada durante un allanamiento. En el audio en cuestión, el auditor de la empresa sugería el pago de coimas a uno de los gerentes y para los magistrados fue determinante que la confesión no fuese realizada bajo coacción.
"Debemos tener presente que las grabaciones efectuadas por particulares, al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, no pueden considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles", argumentó en aquel entonces Borinsky, aludiendo a jurisprudencia de la Sala III.
Y agregó: "La exclusión como prueba de esas conversaciones, sin atender a las singulares características del caso concreto, en el cual un particular pretende corroborar, con los medios que la ciencia y la técnica colocan a su alcance, aquello que puso en conocimiento de la autoridad pública, comporta un exceso en la interpretación que se le asigna a las normas constitucionales que reglan la incorporación de la prueba al proceso".
El caso Temer en Brasil está en manos del Tribunal Supremo. La defensa del Presidente pidió analizar el audio porque creen que fue editado y más temprano que tarde es inevitable que comience el debate sobre la validez de la prueba.
El fallo completo argentino:
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