
Solo, cada vez más solo. Desde la cárcel de Ezeiza, José López reaccionó sorprendido ante las últimas novedades en el caso Sueños Compartidos. No por su procesamiento, casi previsible a esta altura, sino por la falta de mérito con la cual fue beneficiado su ex jefe, el ex ministro de Planificación Julio De Vido. "¿Yo procesado, y Julio con falta de mérito?", lanzó al aire. Y siguió mascullando bronca en silencio.
Aunque el kirchnerismo decidió "abandonarlo" después del episodio de los bolsos con dinero en el convento de General Rodríguez, López no da señales de querer hablar ante la Justicia. Muchos menos de convertirse en un arrepentido.
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López reaccionó sorprendido ante la falta de mérito de De Vido, pero midió sus palabras. "Él sabe que no dio las órdenes en el tema Sueños Compartidos y tampoco eligió los municipios donde iba el dinero", dijo uno de los pocos interlocutores que le quedan.

López está cerca de cumplir un año detenido. Su estado de ánimo sigue empeorando. No ve a su familia hace más de cuatro meses. Y cada vez habla menos. "Escucha las novedades de las causas y pregunta menos", cuenta uno de sus abogados.
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La mujer de López, María Amalia Díaz, ya no lo visita en el cárcel. El último contacto fue antes de las Fiestas del año pasado. Por entonces, López tuvo una recaída emocional que lo obligó a internarse por unas horas en el Hospital Penitenciario Central (HPC).
Díaz también se llamó a silencio. Infobae pudo saber que sigue viviendo en Buenos Aires, aunque viaja seguido a Santa Cruz, pero tiene algunos problemas económicos. De hecho, no puede cobrar su jubilación por los problemas financieros en Santa Cruz (trabajaba en el Poder Judicial de esa provincia).
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Luego de trasmitirle el procesamiento por la causa Sueños Compartidos, los abogados de López, Diego Sánchez y Fernando García, ya trabajan en la presentación ante la Cámara Federal, que ahora deberá revisar el fallo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
López también tiene pendiente una audiencia de apelación por el procesamiento que le dictó el juez Daniel Rafecas a raíz del sospechoso contrato de alquiler de su hijastra, Mariana Gisel Soules. La Justicia sospecha que ese departamento, en el edificio de Las Heras 2032, era del ex secretario de Obras Públicas y que los empresarios que lo compraron actuaron como "testaferros".
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