La controversia arbitral en el fútbol peruano trascendió los límites del deporte y llegó al ámbito judicial. El Ministerio Público activó un procedimiento preventivo para evitar la comisión de delitos durante los partidos que restan en la Liga 1 2026, con foco en las decisiones de los jueces de campo y del videoarbitraje.
La medida obliga a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) a adoptar acciones concretas antes de que concluya el Torneo Clausura. La CONAR ya fue notificada formalmente y debe responder con las medidas que correspondan.
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La apertura del expediente fiscal
La 4.ª Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima registró la Carpeta Fiscal N.º 351-2026 tras evaluar una denuncia que expuso un conjunto de actuaciones arbitrales cuestionadas a lo largo del campeonato. El organismo determinó que los hechos presentados permiten advertir, de manera objetiva y verificable, la existencia de un riesgo real de disturbios durante los encuentros que restan en el torneo.
Según el texto de la disposición fiscal, la preocupación central radica en que el descontento de las hinchadas ante determinadas resoluciones de los jueces y del VAR pueda derivar en situaciones de violencia dentro y fuera de los estadios. En ese marco, la Fiscalía encuadró el riesgo dentro de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, y decidió intervenir de forma preventiva antes de que se produzca cualquier incidente.
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La denuncia fue presentada por Carlos Franco Chipoco, ex presidente de Alianza Lima y ex dirigente de la FPF. En sus escritos, señaló de manera específica las actuaciones de los árbitros Víctor Hugo Carrillo, Jhonny Bossio, Rudy Méndez, Robin Segura y Alejandro Villanueva como casos que generaron controversia pública durante el desarrollo del certamen. La Fiscalía tomó esa documentación como punto de partida para iniciar el procedimiento.
Lo que ordenó el Ministerio Público
El organismo judicial emitió una serie de disposiciones dirigidas tanto a la FPF como a la CONAR. En primer lugar, les exigió “adoptar medidas oportunas orientadas a garantizar la adecuada conducción de los encuentros deportivos”. Dentro de ese mandato, incluyó de forma explícita la necesidad de “fortalecer los mecanismos de supervisión y evaluación del arbitraje y del VAR”.
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La segunda disposición apunta directamente a la transparencia. La Fiscalía requirió que se implementen acciones que “fortalezcan la transparencia y confianza en las decisiones arbitrales, promoviendo los mecanismos institucionales de información y esclarecimiento de aquellas actuaciones que generan controversia pública”. En términos prácticos, esto implica que los entes rectores del fútbol peruano deberán explicar públicamente las jugadas que generan cuestionamientos, en lugar de mantenerlas en la opacidad.
El tercer eje de la disposición —y quizás el más sensible para la dirigencia arbitral— es la exigencia de publicar la totalidad de los audios de las conversaciones entre los árbitros de campo y los operadores del VAR en todas las jugadas que hayan generado debate. Hasta ahora, la difusión de esos registros ha sido parcial y discrecional, lo que alimentó las sospechas entre clubes, hinchas y medios de comunicación.
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El contexto: Alianza Lima y el Clausura
El procedimiento preventivo se activa en un momento de alta tensión en el fútbol peruano. Alianza Lima, el club que motoriza la denuncia a través de Franco Chipoco, atraviesa la recta final del Torneo Clausura con chances reales de título y con una acumulación de reclamos formales contra el arbitraje que se extendió durante toda la segunda mitad del campeonato.
El equipo blanquiazul viene de imponerse por 1-0 anteCienciano y ahora prepara su próxima presentación: este domingo 8 de noviembre, desde las 13.00, visitará a Los Chankas CyC en el Estadio de Los Chankas. El partido tendrá transmisión por L1 Max y L1 Play.
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Con la Fiscalía observando cada jornada y la CONAR obligada a responder ante la justicia, las últimas fechas de la Liga 1 se disputarán bajo una presión institucional sin precedentes en el fútbol peruano. La FPF deberá demostrar, con hechos y no solo con declaraciones, que cuenta con los mecanismos para garantizar partidos sin polémicas que escalen más allá de las tribunas.
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