
El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo Nº 1746, que modifica la Ley Contra el Crimen Organizado, para crear el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE). La norma incorpora además un nuevo delito agravado en el Código Penal con penas de entre 15 y 35 años de prisión para quienes utilicen métodos terroristas con fines de lucro.
El decreto fue el premier Luis Galarreta, primer vicepresidente encargado del despacho de la Presidencia ante la ausencia de Keiko Fujimori, junto con los ministros Rafael Belaúnde (Defensa), César Astudillo (Interior) y Ernesto Álvarez (Justicia y Derechos Humanos). La norma se dictó al amparo de las facultades delegadas por el Congreso que autorizó al Ejecutivo a legislar en materia de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño por un plazo de noventa días.
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El Registro de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas
El nuevo RENOCTE funcionará como repositorio de naturaleza administrativa y fuente oficial de información sobre las organizaciones calificadas con esta condición. Su implementación y administración quedó a cargo de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), y la información que contenga será de carácter secreto, según establece el texto del decreto.
La inscripción en el registro podrá originarse por dos vías. La primera es judicial: cuando exista formalización de investigación preparatoria, se impongan medidas de coerción personal o se dicten sentencias condenatorias por el nuevo delito tipificado en el artículo 317-C del Código Penal. La segunda vía corresponde a una declaratoria del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA), organismo que podrá actuar sobre la base de información de inteligencia o de seguridad nacional.
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Criterios para calificar a una organización
Para que el COSEDENA declare a un grupo como organización criminal con prácticas terroristas, el decreto fija tres criterios que deben evaluarse en conjunto: la existencia de una estructura delictiva organizada y jerarquizada, la planificación o ejecución de atentados con explosivos o armas contra personas, viviendas, transporte, servicios públicos o infraestructura esencial, y la búsqueda de un beneficio patrimonial o lucro ilegítimo como finalidad de esos actos.

El decreto establece también un circuito de información obligatorio entre el sistema judicial y la SEDENA. Las fiscalías, juzgados y salas penales que tramiten procesos bajo la Ley Contra el Crimen Organizado deberán remitir la información pertinente dentro de un plazo de tres días hábiles posteriores a la emisión de los actos procesales que sustenten la inscripción. Esas mismas autoridades deberán comunicar cualquier cambio posterior que modifique la situación jurídica registrada, de forma que el RENOCTE se mantenga actualizado.
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El proceso de evaluación se inicia a partir de la propuesta de cualquiera de los integrantes del COSEDENA, que puede recabar información de otras entidades públicas y de mecanismos de cooperación internacional. Las entidades del Estado están obligadas a proporcionar la documentación que el organismo les solicite en el marco de este proceso. Una vez aprobada la declaratoria, la SEDENA ejecuta el acuerdo y realiza la inscripción correspondiente, que incluye datos de la organización, sus integrantes y sus colaboradores.
Nueva figura penal con penas de hasta 35 años
El decreto incorpora el artículo 317-C al Código Penal peruano, que crea la figura de “formas agravadas del delito de organización criminal con prácticas terroristas”. La norma sanciona a quien, para cometer el delito de organización criminal previsto en el artículo 317, instrumentalice el temor mediante prácticas terroristas, como atentados con explosivos o armas contra personas, viviendas, medios de transporte, servicios públicos o infraestructura esencial, con el fin de obtener un beneficio patrimonial o lucro ilegítimo. La pena prevista oscila entre 15 y 35 años de prisión.
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Este nuevo tipo penal se incorporó también al listado de delitos comprendidos en la Ley Contra el Crimen Organizado, lo que habilita el uso de técnicas especiales de investigación y otras herramientas procesales previstas para este tipo de criminalidad.
Congelamiento de activos y alertas migratorias
El decreto modificó además la Ley que creó la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), para facultar a ese organismo a disponer el congelamiento inmediato de fondos o activos de personas naturales o jurídicas inscritas en el RENOCTE. Con esta modificación, el registro queda equiparado, a efectos de congelamiento de activos, a las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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La norma también dispuso que la SEDENA remita a la Superintendencia Nacional de Migraciones la información de las personas naturales inscritas en el registro, con el objetivo de generar alertas migratorias preventivas conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo de Migraciones.
El texto fija un plazo de treinta días hábiles, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para que la Presidencia del Consejo de Ministros apruebe el reglamento del nuevo título incorporado a la Ley Contra el Crimen Organizado, con el refrendo de los ministros de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores y de Justicia y Derechos Humanos. La implementación de la norma se financiará con el presupuesto de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
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