El papa León XIV denuncia “el silencio y la impunidad” ante los abusos sexuales contra menores indígenas

El papa León XIV condenó este domingo la “impunidad” ante los abusos sexuales contra niñas y adolescentes en regiones amazónicas como Condorcanqui, donde se han denunciado cientos de casos atribuidos a docentes de residencias estudiantiles y otras personas de su entorno cercano.

“Sentimos en el alma y en el corazón la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio y de la complicidad y de la impunidad”, afirmó en un mensaje desde Pucallpa.

El pontífice también recordó los asesinatos de dirigentes indígenas que defendieron sus territorios y reclamó justicia para las víctimas. “En los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios. La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, manifestó ante los asistentes, que respondieron con aplausos y vítores.

León XIV también cuestionó las dificultades que enfrentan las comunidades alejadas para acceder a servicios básicos. “Es inaceptable que en muchas comunidades el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones”, sostuvo.

Sus declaraciones coinciden con las denuncias de organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos sobre abusos sexuales que afectan principalmente a niñas y adolescentes de los pueblos awajún y wampis.

La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, afirmó a la agencia AFP que la Fiscalía recibió 800 denuncias por violencia sexual contra menores desde 2010, en su mayoría vinculadas con estudiantes de escuelas públicas y residencias estudiantiles, y denunció que cientos de expedientes siguen sin una respuesta judicial efectiva.

Aunque el Gobierno anunció en junio de 2024 investigaciones por agresiones contra cerca de 500 estudiantes indígenas, Pioc señaló que 111 docentes fueron separados de sus cargos, 72 resultaron absueltos y cuatro recibieron suspensiones temporales, mientras el Ministerio Público redujo este año de tres a una las fiscalías de la zona por restricciones presupuestarias.

La gravedad de la crisis motivó la visita de una delegación de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA). Tras evaluar la situación, el organismo calificó la violencia contra niñas y adolescentes como un problema estructural y persistente del Estado peruano.

La vicepresidenta del comité, Mónica Maureira, advirtió que los abusos no se limitan al ámbito educativo, sino que también ocurren en los entornos familiares y comunitarios. Entre sus recomendaciones figuran reforzar la presencia de fiscales y policías, garantizar atención médica y psicológica a las víctimas y asegurar intérpretes de las lenguas awajún y wampis durante los procesos judiciales.

La delegación también alertó sobre los contagios de VIH, los embarazos infantiles y los intentos de suicidio asociados a la violencia sexual.

Las denuncias documentadas de más de una década demuestra además que no se trata de un problema reciente, sino de “un contexto de tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas, sostenido en el tiempo y agravado por la pobreza, la exclusión social y el abandono del Estado”, afirmó Maureira.