Después de 100 días: Lo que se viene en el gobierno de Keiko Fujimori

Cumplidos los primeros cien días de mandato en Palacio de Gobierno, el calendario parlamentario impone una carrera contra el reloj. Para la administración de Keiko Fujimori, el término de este periodo inicial coincide con la apertura de semanas determinantes en los pasillos legislativos.

Mientras los ciudadanos enfrentan a diario el cobro de cupos en los paraderos de transporte y calculan el costo de la canasta básica familiar en los mercados de abasto, las bancadas del Congreso de la República organizan los números de las cuentas fiscales y miden los tiempos de una agenda institucional sujeta a plazos improrrogables.

El retorno al sistema bicameral modificó las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. La actividad política ya no responde a acuerdos inmediatos de bancadas, sino a un doble filtro que somete cada propuesta a análisis sucesivos.

En este escenario de negociación continua, el Gobierno debe atender tres procesos simultáneos antes del cierre del año: la aprobación de la ley de ingresos y gastos de la República, la revisión técnica de las metas de crecimiento económico y la emisión de decretos contra el crimen organizado y la delincuencia común en las calles.

Presupuesto 2027 y la meta del PBI

El hito más apremiante del cronograma tiene fecha fija en el calendario: la medianoche del 30 de noviembre. La Constitución Política del Perú establece ese límite para que el pleno debata y vote el proyecto de ley del Presupuesto Público 2027, una partida total de S/ 266.506 millones.

La propuesta enviada por el Ejecutivo consigna un incremento nominal del 3,5% frente a las cuentas fiscales del año anterior, lo que equivale a S/ 8.945 millones adicionales orientados al gasto público nacional, tramitados junto a las leyes de Endeudamiento y Equilibrio Financiero.

Durante su sustentación ante las comisiones del Parlamento, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, expuso la estructura del proyecto al contrastar la asignación por habitante.

“Nunca la República del Perú ha gastado tanto por persona”, manifestó el ministro, detallando que hace cinco años el país registraba 33,4 millones de habitantes frente a un presupuesto de S/ 197.000 millones, mientras que hoy la asignación creció un 32% para una población de 34 millones.

En su alocución, el funcionario vinculó las cifras a las necesidades ciudadanas: “El objetivo es que el presupuesto tenga resultados concretos para los ciudadanos: queremos niños mejor educados, pacientes que sean atendidos y que sean curados, carreteras que terminen, que lleguen al pueblo donde tienen que llegar”.

La distribución por sectores abrió el debate entre los representantes de los diferentes grupos parlamentarios. El planteamiento del Gobierno destina S/ 49.000 millones a Educación, S/ 32.000 millones a Salud, cerca de S/ 16.000 millones al sector Transportes y una suma de S/ 2.489 millones a tareas de prevención frente al Fenómeno El Niño. Asimismo, la cuota asignada a los gobiernos regionales y municipalidades del territorio nacional pasó del 37% al 37,5% del monto total.

Sin embargo, los reparos en el recinto legislativo se concentraron en los fondos para el orden interno. La propuesta presupuestal contempla una reducción en el programa de reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad, que pasa de S/ 6.878 millones a S/ 6.494 millones.

Esta variación representa una disminución de S/ 519 millones, a diferencia del incremento asignado a Defensa, lo que motivó pedidos de ajuste presupuestal por parte de legisladores de zonas afectadas por delitos extorsivos y homicidios calificados.

De forma paralela, el Parlamento supervisa las metas macroeconómicas gubernamentales. Durante la campaña y tras asumir el mando, la jefa de Estado situó la meta de crecimiento del PBI en 3,5% para el cierre de 2026, con el objetivo de llegar al 6% al término de su periodo.

No obstante, las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas consignadas en el Marco Macroeconómico Multianual fijaron la tasa en 3,4% para 2026 y 2027, con un promedio de 4% entre 2028 y 2030. La diferencia numérica entre la meta del Gobierno y las previsiones técnicas genera interrogantes en el debate sobre la recaudación fiscal, el consumo interno y la inversión privada.

Facultades legislativas bajo la sombra del paro de transportistas

El segundo eje del cronograma oficial se sitúa en la delegación de facultades legislativas. Tras semanas de deliberaciones en la Cámara de Diputados, el Legislativo autorizó al Ejecutivo a legislar durante 90 días en materias vinculadas a la seguridad ciudadana y la atención de desastres.

El requerimiento inicial del Gobierno solicitaba 120 días y abarcaba ocho materias. La dilación en el trámite generó pronunciamientos de la mandataria, quien señaló que en el Parlamento “están poniendo a prueba su paciencia”.

Con la ley publicada en el diario oficial, el gabinete ministerial presidido por Luis Galarreta dispone hasta inicios de enero para promulgar los decretos legislativos.

Las materias normativas comprenden la clasificación de organizaciones criminales como grupos hostiles, la regulación del uso de la fuerza policial y modificaciones en el sistema penitenciario nacional, tomando como referencia directa modelos carcelarios observados durante la visita oficial de la dignataria a centros de reclusión de El Salvador.

La redacción de estos decretos se desarrolla en simultáneo a la presión de los gremios del transporte terrestre. Pese a que el titular de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, señaló semanas atrás que “no habrá apagado de motores, las labores continúan normalmente”, las demandas del sector continúan vigentes.

Diversos gremios de carga pesada anunciaron una convocatoria a un paro de transportistas de 72 horas para los días 16, 17 y 18 de noviembre, afectando corredores logísticos interprovinciales y exigiendo medidas operativas contra las extorsiones en carreteras y la reglamentación del observatorio de transporte.

El calendario parlamentario fija el 15 de diciembre como fecha de conclusión de la primera legislatura ordinaria anual. Antes de esa jornada final, el Congreso deberá someter a votación la ley de presupuesto y analizar los primeros decretos emitidos, cerrando un ciclo donde los plazos legales determinarán el marco normativo y operativo del Estado para el siguiente ejercicio fiscal.