La presidenta Keiko Fujimori, que cumple este jueves 100 días de gobierno, ha concentrado buena parte de su agenda en dos problemas que condicionan la gestión desde su inicio: la inseguridad ciudadana y la amenaza del fenómeno El Niño.
Ambos asuntos ocuparon un lugar prioritario en su primer mensaje a la Nación, el 28 de julio, y marcaron las principales decisiones del Ejecutivo durante sus primeros tres meses en el poder.
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La mandataria anunció, desde su llegada a Palacio de Gobierno, que destinaría recursos extraordinarios a enfrentar ambas emergencias. En materia climática, prometió pasar de una respuesta reactiva a una política de prevención, con trabajos de descolmatación de ríos, construcción de defensas ribereñas y protección de cuencas.
En seguridad, planteó una estrategia de mayor intervención de las fuerzas del orden frente al avance de las organizaciones criminales. La lucha contra la delincuencia se convirtió en uno de los principales ejes políticos de su administración.
Entre las primeras medidas figura la creación del Comando Unificado contra la Criminalidad, una instancia que articula las capacidades operativas de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas para enfrentar a las bandas delictivas. La iniciativa busca coordinar intervenciones y reforzar la presencia estatal en zonas afectadas por la violencia.
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La estrategia también alcanzó el sistema penitenciario. El Ejecutivo dispuso el despliegue de militares en los exteriores de establecimientos penitenciarios con altos niveles de hacinamiento y ejecutó requisas para retirar objetos prohibidos y limitar las comunicaciones de las organizaciones delictivas desde las cárceles.
Estas intervenciones adquirieron mayor protagonismo después del viaje de Fujimori a El Salvador, entre el 28 y el 31 de octubre, cuando visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y se reunió con Nayib Bukele. La visita buscó conocer de primera mano las medidas aplicadas por ese Gobierno contra las pandillas.
En el frente legislativo, Fujimori consiguió que el Congreso le otorgara facultades para legislar durante 120 días en materias de seguridad y prevención frente a El Niño. Entre las iniciativas planteadas figura la posibilidad de declarar a las organizaciones criminales como grupos hostiles y modificar las disposiciones sobre el uso de la fuerza por parte de policías y militares.
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Sin embargo, el despliegue de efectivos y los operativos todavía no se traducen en una reducción sostenida de los homicidios. La socióloga Lucía Dammert advirtió que resulta apresurado exigir una solución al problema de la criminalidad en apenas 100 días.
También señaló que el Comando Unificado puede contribuir a comprender mejor el fenómeno delictivo. Por su parte, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza consideró que esta instancia puede ser útil, aunque advirtió que todavía presenta restricciones.
“Lo que nos interesa es que funcione toda la cadena penal. (...) Interesa que operen la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el INPE. Si solo te concentras en la Policía y las Fuerzas Armadas, puedes desarticular organizaciones criminales, pero si la Fiscalía no funciona o el Poder Judicial no acelera sus trámites y condenas, la política no va a tener ningún resultado”, considera Frank Casas, experto en seguridad ciudadana.
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El Niño gana espacio
La segunda gran prioridad del Ejecutivo adquirió mayor urgencia durante octubre, cuando Fujimori presentó desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) un balance de las intervenciones preventivas. Informó entonces que el Gobierno identificó 1.800 puntos de riesgo en el país y priorizó 536 para su atención. Según sus cifras, los trabajos en estos últimos registraban un avance del 70 % al 15 de octubre.
Entre las acciones anunciadas figuran la limpieza y descolmatación de los ríos Tumbes, Piura, La Leche y Reque, así como intervenciones en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. También anunció la habilitación de albergues temporales para 30.000 personas, el desplazamiento de hospitales de campaña hacia Tumbes, Piura y Lambayeque y la disponibilidad de helicópteros, embarcaciones y puentes modulares para atender eventuales emergencias.
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El componente presupuestal también ocupó un lugar central. Fujimori informó sobre la aprobación de 22 decretos supremos y de urgencia, de los cuales 14 representaban recursos por 2.000 millones de soles para afrontar los efectos del fenómeno climático.
La emergencia climática incluso modificó la agenda internacional de la presidenta. El 1 de noviembre anunció que no viajaría a España para participar en la Cumbre Iberoamericana, prevista en Madrid, debido al incremento de las lluvias en el norte. En su lugar, dispuso el desplazamiento del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, a Tumbes para coordinar las acciones de respuesta.
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