Seis de cada 10 peruanos no cuentan con ahorros suficientes para responder a una emergencia o un gasto imprevisto, según una encuesta de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). El resultado expone la fragilidad financiera de una parte mayoritaria de los hogares, en un escenario en el que el presupuesto mensual se concentra en alimentación, transporte, servicios y deudas.
La ausencia de un fondo de respaldo limita la capacidad de las familias para afrontar una enfermedad, la pérdida de empleo, una reparación urgente en la vivienda o un aumento repentino de los precios. Cuando los ingresos resultan insuficientes, los hogares suelen recurrir a préstamos de familiares, adelantos de dinero o créditos fuera del sistema financiero formal.
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El problema adquiere una dimensión mayor ante la posibilidad de eventos climáticos que afecten el abastecimiento y el costo de los alimentos. La llegada del fenómeno El Niño podría generar daños en viviendas, vías de comunicación y actividades productivas, con consecuencias directas para quienes ya enfrentan dificultades para separar una parte de sus ingresos para el ahorro.
La falta de liquidez expone a los hogares a créditos informales
La escasez de efectivo también favoreció la expansión de los préstamos informales conocidos como “gota a gota”, un mecanismo que ofrece desembolsos rápidos, pero que suele imponer intereses elevados, cobros diarios y condiciones que dejan a los deudores en una situación de vulnerabilidad. Estas operaciones se presentan como una salida inmediata para cubrir gastos urgentes, aunque pueden agravar el endeudamiento de las familias.
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El economista senior Miguel Alzamora, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), advirtió que la presión sobre los hogares podría aumentar si el fenómeno El Niño eleva el precio de los productos de la canasta básica. Un incremento en el valor de los alimentos tendría un efecto inmediato en las familias que destinan la mayor parte de sus recursos a gastos esenciales y no disponen de reservas.
El impacto de un evento climático también dependerá de las condiciones de las viviendas. Las familias con menor capacidad de ahorro tienen menos margen para reparar techos, reforzar paredes, reponer bienes o trasladarse ante inundaciones y deslizamientos. En esos casos, el costo de la emergencia se combina con la pérdida temporal de ingresos, sobre todo cuando las actividades laborales dependen del comercio, el transporte, la agricultura o los servicios informales.
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La informalidad laboral reduce la posibilidad de planificar el ahorro
La informalidad laboral constituye uno de los factores que explican la dificultad para construir un fondo de emergencia. Según las cifras citadas de la SBS, esta condición afectaba al 84% de la población en 2022 y llegó al 88% en 2026. La falta de empleo formal implica ingresos variables, menor acceso a mecanismos de protección social y dificultades para proyectar gastos a mediano plazo.
El fenómeno alcanza a hombres y mujeres de zonas urbanas y rurales. En las ciudades, la informalidad se expresa en ocupaciones sin contrato, ventas ambulatorias, trabajos por encargo y servicios que dependen de la demanda diaria. En áreas rurales, los ingresos pueden depender de campañas agrícolas, actividades estacionales, comercio local o empleos temporales.
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La inestabilidad de esos recursos obliga a priorizar los gastos inmediatos. Una familia que no sabe cuánto percibirá el siguiente mes tiene menos posibilidades de reservar dinero para una contingencia. El ahorro deja de ser una decisión sostenida y pasa a depender de períodos específicos en los que el ingreso supera, aunque sea por poco tiempo, las obligaciones del hogar.
Los precios y los ingresos insuficientes sostienen la presión sobre el presupuesto
La mayoría de los peruanos considera que sus ingresos no alcanzan para cubrir todos sus gastos. Esa percepción se mantuvo durante los últimos cuatro años y se agudizó entre 2022 y 2023, cuando el aumento de precios redujo el poder de compra de los hogares. Frente a esa situación, muchas personas buscaron una segunda ocupación, extendieron sus jornadas laborales o recurrieron a actividades independientes para completar el presupuesto.
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La presión no se limita a los alimentos. Los hogares también enfrentan pagos de alquiler, transporte, energía, agua, educación, salud y cuotas de créditos. Cuando estos compromisos absorben la mayor parte del ingreso, cualquier gasto adicional puede desequilibrar las cuentas del mes. La posibilidad de ahorrar queda relegada incluso para quienes mantienen una fuente de trabajo estable.
El costo de vida puede tener efectos más intensos en las familias de menores ingresos, porque una mayor proporción de sus recursos se destina a necesidades básicas. Una variación en los precios de productos esenciales obliga a reducir otros gastos, postergar pagos o solicitar préstamos. En ese contexto, la falta de ahorros no solo refleja una dificultad financiera individual, sino una condición que limita la capacidad de reacción de millones de hogares frente a riesgos económicos y climáticos.
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la producción nacional registró variaciones positivas en los últimos reportes disponibles, aunque algunos sectores mostraron resultados dispares. La evolución de la minería, los hidrocarburos y la pesca tiene incidencia en el empleo, los ingresos regionales y la recaudación, pero el crecimiento agregado no siempre se traduce de forma inmediata en una mejora para los presupuestos familiares.
La distancia entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de los hogares se observa en la capacidad de ahorro. Para una parte de la población, el principal desafío no consiste en acumular recursos para metas de largo plazo, sino en llegar a fin de mes sin recurrir a deuda. La encuesta de la SBS sitúa esa fragilidad en el centro del debate sobre inclusión financiera, empleo formal y protección ante emergencias.
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