El 73,2% de los jóvenes ocupados de 18 a 25 años en Perú trabaja en condiciones de informalidad laboral, una proporción superior a la de cualquier otro grupo etario. El dato expone las dificultades de ingreso al mercado formal para quienes inician su trayectoria y figura entre los principales ejes de un estudio que propone medidas para ampliar el acceso al primer empleo.
La población juvenil ocupada pasó de 2,53 millones de personas en 2022 a 2,18 millones en 2026, lo que implica una reducción de más de 340 mil puestos de trabajo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) incluidas en la investigación. Aunque el desempleo juvenil bajó a 10,5% este año, la tasa aún equivale a más del doble de la registrada entre los trabajadores de 26 a 44 años.
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El informe, titulado Medidas para mejorar la inserción laboral de los jóvenes en el Perú, fue presentado por Arcos Dorados y estuvo a cargo de Oswaldo Molina, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico. El documento recoge estadísticas oficiales, experiencias internacionales y los resultados de mesas de trabajo con representantes del sector público, empresas, universidades, organizaciones civiles y jóvenes líderes.

La falta de experiencia aparece como la principal barrera para conseguir empleo formal
La ausencia de experiencia previa concentra una de las mayores brechas para los jóvenes que buscan un puesto formal. El 30,7% de los participantes de entre 18 y 25 años identificó ese factor como el principal obstáculo para acceder a una contratación regular. Entre los empleadores consultados, la proporción llegó a 47,7%.
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El estudio da continuidad a dos investigaciones previas elaboradas en 2024 y 2025. La primera recogió las opiniones de 400 jóvenes de Lima Metropolitana, mientras que la segunda relevó la visión de 155 empleadores. Ambos trabajos mostraron una distancia persistente entre las exigencias de las empresas y las oportunidades disponibles para quienes aún no pueden acreditar una experiencia laboral.
Esa situación genera un círculo difícil de romper: muchas vacantes exigen antecedentes que los postulantes jóvenes no tienen porque todavía no pudieron acceder a una primera oportunidad. La investigación plantea que el problema requiere medidas que distribuyan el costo inicial de la contratación, mejoren la preparación para el trabajo y acerquen la información sobre puestos disponibles a quienes buscan insertarse en el mercado.
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Subsidios temporales y formación dual, entre las medidas de corto plazo
La primera propuesta plantea otorgar incentivos temporales a las compañías que contraten a jóvenes sin experiencia. El mecanismo podría aplicarse mediante subsidios de entre el 40% y el 50% del salario durante un plazo máximo de 12 meses, o a través de beneficios tributarios. La finalidad es reducir el riesgo que perciben los empleadores al incorporar personal que recién inicia su vida laboral.
La segunda medida apunta a reforzar la formación dual, un modelo que combina capacitación académica con experiencia laboral remunerada. Bajo ese esquema, los estudiantes pueden adquirir competencias técnicas al mismo tiempo que conocen las dinámicas de una empresa, cumplen tareas concretas y construyen antecedentes para futuras postulaciones.
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El tercer eje de acción inmediata propone mejorar los sistemas públicos de información e intermediación laboral. El estudio sostiene que una mayor articulación entre bolsas de empleo, centros de formación, municipios, empresas y servicios estatales permitiría identificar vacantes, orientar a los postulantes y reducir los tiempos de búsqueda. También facilitaría que los empleadores encuentren perfiles acordes con sus necesidades.
La conexión entre educación y demanda laboral requiere cambios de largo alcance
Para el mediano y largo plazo, la investigación plantea alinear la formación técnica y universitaria con las habilidades que requiere el mercado de trabajo. La propuesta abarca la actualización de programas de estudio, el fortalecimiento de competencias digitales y socioemocionales, y una mayor participación de las empresas en la definición de perfiles profesionales y técnicos.
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El documento también advierte que las políticas de inserción laboral tendrán efectos limitados si no se acompañan de una transformación productiva que eleve la demanda de empleo formal. La creación de puestos con mejores ingresos depende de sectores capaces de incorporar tecnología, aumentar su productividad y sostener vínculos laborales regulares. El desafío, según el análisis, trasciende la contratación inicial y alcanza a la estructura económica del país.
“Superar estas barreras requiere de un esfuerzo conjunto con todos los actores del ecosistema de empleo juvenil”, señaló José Carlos Andrade, gerente general de la compañía en Perú. Durante 2025, la empresa informó que generó 3.453 oportunidades de formación e inclusión laboral. El nuevo estudio plantea que las decisiones públicas y privadas deberán enfocarse en que el primer trabajo deje de ser una excepción para una parte importante de los jóvenes y se convierta en una puerta de entrada al empleo formal.
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