¿Cuáles son los retos que afrontará el futuro burgomaestre de Lima Metropolitana?

Lima enfrenta una presión simultánea por la inseguridad, el tránsito y la falta de agua potable, tres problemas que afectan la vida diaria de una ciudad que concentra cerca de un tercio de la población peruana. La capital supera los 10 millones de habitantes y arrastra déficits que abarcan desde la respuesta frente al delito hasta la provisión de servicios básicos en zonas periféricas.

Según la información presentada y los indicadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), un tercio de los limeños sufrió un robo en los últimos meses. A la vez, más del 80% manifestó sentir miedo al caminar por las calles. La percepción de inseguridad se trasladó a los barrios, el transporte público, los espacios comerciales y las rutas de desplazamiento cotidianas.

El problema excede la presencia policial en determinados puntos de la ciudad. La respuesta requiere coordinación entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el objetivo de mejorar la identificación y captura de delincuentes, acelerar las investigaciones y evitar que los casos se acumulen en la Fiscalía. La falta de articulación entre esas instituciones limita la capacidad de reacción frente a organizaciones criminales y delitos recurrentes.

La inseguridad y el transporte forman parte de una misma crisis urbana

La seguridad ciudadana tiene un impacto directo sobre la movilidad. Los ciudadanos modifican sus horarios, eligen rutas más largas o restringen sus actividades ante el temor de robos, extorsiones y agresiones. Esta situación golpea con mayor fuerza a quienes dependen de trayectos extensos para llegar a sus centros de trabajo, estudio o atención médica.

La propuesta de una estrategia conjunta apunta a que cada institución asuma responsabilidades definidas. El Ministerio del Interior y la PNP deben fortalecer las labores de prevención, patrullaje e inteligencia. El Ministerio Público necesita reducir la carga de expedientes y acelerar las investigaciones. El Poder Judicial, a su vez, debe garantizar resoluciones oportunas en los procesos que correspondan. La coordinación entre seguridad, investigación y justicia aparece como una condición para recuperar capacidad de respuesta estatal.

El tránsito agrava esa sensación de desgaste. Lima mantiene una carga vehicular que ocupa varias horas de la jornada de miles de personas. Los embotellamientos afectan el traslado de trabajadores, estudiantes y pacientes, pero también alteran la vida familiar. El tiempo perdido en las vías reduce las horas disponibles para el descanso, la crianza y otras actividades fuera del trabajo.

El impacto del tráfico también alcanza la salud emocional. La exposición diaria al ruido, la congestión, la incertidumbre sobre los tiempos de llegada y los desplazamientos extensos genera malestar psicológico. En el caso de los niños, los efectos se relacionan con jornadas más largas fuera del hogar, menor tiempo de recreación y traslados que pueden comenzar antes del amanecer.

La discusión sobre movilidad plantea la necesidad de implementar vías interconectadas y transporte masivo de calidad. La expansión de corredores, trenes, sistemas integrados de buses y conexiones entre distritos permitiría reducir la dependencia del vehículo particular y de unidades informales. El desafío consiste en planificar una red que vincule los extremos de la ciudad con los principales centros laborales, educativos y comerciales.

Más de 700 mil personas aún dependen de camiones cisterna

El acceso al agua potable muestra otra dimensión de la desigualdad urbana. Más de 700.000 personas carecen de conexión regular al servicio y deben recurrir a camiones cisterna para cubrir sus necesidades diarias. Esta modalidad suele implicar mayores costos para las familias y una provisión irregular, especialmente en asentamientos ubicados en laderas, quebradas y zonas de expansión urbana.

La ausencia de redes de agua y desagüe expone a los hogares a riesgos sanitarios y condiciona tareas básicas como cocinar, lavar ropa, asearse o almacenar el recurso. Las familias que compran agua a proveedores informales enfrentan una carga económica superior a la de quienes reciben el servicio por tubería. El problema también revela las diferencias entre los distritos consolidados y las zonas que crecieron sin infraestructura suficiente.

Frente a esta situación, se planteó un shock de saneamiento para acelerar obras de agua potable y alcantarillado. La medida requiere inversiones, identificación de áreas sin cobertura, coordinación con las empresas prestadoras y una planificación que considere el crecimiento demográfico. El objetivo es que el acceso al recurso no dependa de la ubicación de cada hogar ni de la capacidad de pago para contratar un camión cisterna.

La ampliación de la infraestructura debe incluir soluciones para los sectores donde la geografía dificulta la construcción de redes convencionales. En esos casos, las autoridades pueden evaluar sistemas complementarios de almacenamiento, distribución y tratamiento, siempre bajo estándares de calidad y continuidad. El reto no se limita a instalar tuberías: también exige asegurar mantenimiento, presión suficiente y disposición adecuada de aguas residuales.

La escala de Lima obliga a abordar la seguridad, el transporte y el saneamiento como asuntos conectados. Una persona que demora horas en llegar a su trabajo, teme ser víctima de un delito y no cuenta con agua por red enfrenta una suma de barreras que deteriora sus condiciones de vida. Las propuestas planteadas colocan la coordinación institucional y la inversión en infraestructura como ejes para atender problemas que alcanzan a millones de habitantes.