Llegó al hospital por una emergencia obstétrica y terminó en un proceso por “autoaborto” que duró más de tres años

El 13 de febrero de 2023, Kathy llegó al Hospital Santa Rosa buscando atención después de sufrir una emergencia obstétrica en su casa. Tenía sangrado y necesitaba que los médicos la atendieran. No imaginaba que, dos días después, permanecería internada mientras agentes de la Policía acudían a interrogarla por un presunto autoaborto.

Las preguntas comenzaron antes de que terminara aquella atención médica. Kathy cuenta que le preguntaron insistentemente qué se había colocado y que sintió que debía responder para recibir ayuda. Después, ya en una camilla del hospital, los policías recogieron su versión de lo ocurrido sin la presencia de un abogado ni un fiscal. Esa declaración terminó incorporada al expediente penal.

Lo que siguió se prolongó durante más de tres años: una acusación fiscal, un juicio y una solicitud de reparación civil incluso después de que un juzgado la absolviera. En julio de 2025, la justicia concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar que Kathy hubiera provocado intencionalmente la interrupción de su embarazo. El proceso terminó recién en abril de 2026, cuando una sala superior rechazó la apelación presentada por la Procuraduría del Ministerio de la Mujer.

Kathy llegó al hospital por una emergencia obstétrica y terminó investigada

Kathy ingresó al Hospital Santa Rosa el 13 de febrero de 2023 después de presentar sangrado tras una emergencia obstétrica en su vivienda. Según su testimonio recogido por Salud con Lupa, durante la atención le preguntaron qué había utilizado y ella sintió presión para explicar lo ocurrido antes de recibir el procedimiento médico.

Dos días después, el 15 de febrero, agentes policiales acudieron al hospital. La interrogaron mientras permanecía en una camilla, sin estar detenida, sin abogado y sin un fiscal presente. La declaración quedó registrada en un acta que luego utilizó la Fiscalía para sustentar la investigación por autoaborto.

El documento consignó que Kathy no quería continuar con el embarazo, que buscó información en Facebook, contactó a una persona que ofrecía pastillas y tomó tres antes de acudir al hospital. Ella sostuvo que intentó explicar las circunstancias de la atención y negó haber tomado esas pastillas, pero esa parte no quedó registrada, según su defensa.

Brenda Álvarez, abogada de Kathy y cofundadora de Justicia Verde, señaló que el acta terminó sosteniendo prácticamente toda la acusación. Una investigación de Justicia Verde y Proyecta Igualdad encontró, además, que 84 de 100 procesos analizados por criminalización del aborto comenzaron cuando las mujeres buscaron atención en un establecimiento de salud.

La evidencia médica no permitió demostrar que provocó el aborto

La Fiscalía acusó a Kathy en junio de 2024 y sostuvo que había interrumpido intencionalmente su embarazo mediante misoprostol. Sin embargo, los documentos médicos presentados durante el juicio no permitieron establecer esa relación.

La hoja de emergencia del Hospital Santa Rosa registró como diagnóstico un aborto espontáneo. Aunque durante la evaluación aparecieron restos blanquecinos con apariencia de tabletas, los médicos no pudieron determinar qué sustancia eran ni establecer que correspondieran a un medicamento abortivo.

La necropsia tampoco encontró lesiones o signos de violencia que permitieran vincular la muerte fetal con el uso de misoprostol. La médica legista explicó que el aborto podía responder a causas naturales, patológicas o indeterminadas.

El juzgado concluyó que los documentos médicos demostraban el embarazo y la pérdida, pero no que Kathy hubiera provocado el aborto. También consideró que la declaración policial fue obtenida sin las garantías necesarias y descartó utilizarla para acreditar la responsabilidad penal.

El caso continuó después de la absolución por una reparación civil

El Poder Judicial absolvió a Kathy el 31 de julio de 2025. El Ministerio Público no apeló esa decisión, pero la Procuraduría Pública del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuestionó el rechazo de una reparación civil y solicitó que la mujer pagara S/3.000 a favor del Estado.

En el expediente, la Fiscalía identificó como agraviado al feto y señaló que estaba representado por “la sociedad”, a través de la Procuraduría del MIMP. Esta intervención generó cuestionamientos de especialistas sobre quién debía ser considerado titular de una eventual reparación.

José Ugaz, exprocurador anticorrupción, sostuvo que la Procuraduría representa judicialmente al Estado y cuestionó su intervención como representante de “la sociedad” en este tipo de procesos. Julio Arbizu, exprocurador especializado en delitos de corrupción, también planteó interrogantes sobre qué daño habría sufrido el Estado para justificar el pago solicitado.

La apelación mantuvo abierto el caso durante varios meses más. El 20 de abril de 2026, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima rechazó el pedido de la Procuraduría. Así terminó, más de tres años después de aquella emergencia obstétrica, el proceso judicial que comenzó cuando Kathy acudió a un hospital en busca de atención.