El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visa contra 27 ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, dentro de una nueva política dirigida contra personas que, según Washington, afectan a gobiernos democráticamente elegidos mediante actos de corrupción o narcotráfico. Entre los funcionarios alcanzados figura un magistrado peruano.
En el caso de Perú, la medida recayó sobre Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Juzgado Constitucional de Lima. El Departamento de Estado indicó que la restricción también alcanza a su familia y precisó que la visa existente del magistrado fue revocada.
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La decisión forma parte de las acciones que la administración de Donald Trump vincula con la Iniciativa Escudo de las Américas. Según el comunicado oficial, Estados Unidos busca coordinar medidas contra personas consideradas vinculadas con corrupción y narcotráfico en los países participantes de este mecanismo.
“Perú: Bajo esta política, la Administración Trump tomó medidas para imponer restricciones de visa a un ciudadano peruano y su familia. El Departamento revocó las visas existentes para la siguiente persona y su familia: Juan Carlos NÚÑEZ MATOS, Juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima”, según el comunciado.
La situación de Núñez Matos cobra relevancia por los procesos judiciales que estuvieron bajo su responsabilidad y que involucraron asuntos de interés político, investigaciones fiscales y empresas vinculadas con grandes proyectos de infraestructura en Perú. Uno de sus fallos más recientes y controvertidos estuvo relacionado con el megapuerto de Chancay.
El fallo que involucró al megapuerto de Chancay
Juan Carlos Núñez Matos adquirió notoriedad pública por una resolución relacionada con el puerto de Chancay, infraestructura administrada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú, según Cosas.
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El caso surgió a partir de una demanda de amparo presentada por la empresa concesionaria contra la intervención del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán). El magistrado determinó que el organismo no podía ejercer determinadas facultades sobre las operaciones del terminal portuario.
En su resolución, Núñez Matos ordenó “que Ositrán se abstenga de ejercer —directamente o a través de sus dependencias u organismos técnicos adscritos— sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción con relación a las operaciones y actividades de la parte accionante, dentro del terminal portuario multipropósito de Chancay”.
El fallo generó una controversia con repercusión internacional por la participación de capitales chinos en el proyecto y por el papel de las instituciones peruanas frente a la concesión.
Otra medida favorable a una empresa china
Según Cosas, el expediente sobre Chancay no constituye el único caso en el que una empresa china recibió una decisión favorable de Núñez Matos.
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En 2024, el magistrado concedió una medida cautelar a favor de China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), empresa que enfrentaba una sanción impuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
La resolución permitió que la compañía continuara con su participación en procesos de contratación y licitaciones estatales mientras quedaba suspendido de forma temporal el efecto de la sanción administrativa.
La medida se produjo luego de que CCECC cuestionara una sanción relacionada con la presunta presentación de documentos falsos en procesos de selección anteriores. La empresa sostuvo que la sanción afectaba sus derechos a la libertad de empresa y de contratación.
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El juez consideró ese argumento para conceder la medida provisional, lo que permitió que la compañía mantuviera su participación en contratos y procesos de infraestructura del Estado peruano.
La política de restricciones anunciada por Washington
El comunicado del Departamento de Estado señaló que las medidas contra funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú forman parte de los compromisos asumidos dentro de la Iniciativa Escudo de las Américas.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, también difundió el anuncio en redes sociales. En su mensaje sostuvo: “El Escudo de las Américas no son solo palabras: es una coalición que toma medidas. Hoy, el Departamento de Estado está dando pasos para imponer restricciones de visado a actores corruptos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que socavan gobiernos elegidos democráticamente”.
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El funcionario estadounidense agregó que las acciones incluyen la designación del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por corrupción.
En el caso peruano, el comunicado oficial únicamente identificó a Juan Carlos Núñez Matos como la persona afectada por la revocación de visa bajo esta política. La medida también comprende a sus familiares directos, de acuerdo con el Departamento de Estado.
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