Osinergmin observa la adenda de Cálidda: La expansión del gas natural abre dudas por conexiones y tarifas

La propuesta para extender la distribución de gas natural hacia 15 localidades de siete regiones del centro y sur de Perú prevé más de 3.700 kilómetros de redes y una inversión cercana a USD 600 millones. El plan, presentado por Cálidda, busca ampliar el acceso al combustible de Camisea en zonas donde miles de hogares todavía utilizan balones de gas para cocinar y calentar agua.

La iniciativa incorpora localidades de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali. El diseño incluye plantas de regasificación, redes de distribución y conexiones domiciliarias en áreas de la sierra y la selva. La empresa sostiene que ejecutará las obras sin cofinanciamiento estatal y que el proyecto permitirá reducir el gasto de los hogares en energía.

El expediente permanece bajo evaluación desde que se planteó la ampliación de la concesión, cuya versión inicial se remonta a 2013. La modificación contractual también contempla prolongar por una década la concesión de distribución que Cálidda tiene en Lima y Callao, cuyo vencimiento está previsto para 2033. Con la adenda, el plazo se extendería hasta 2043.

Osinergmin cuestionó la distancia entre las redes previstas y las conexiones comprometidas

El principal reparo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) apunta a la diferencia entre las viviendas que tendrían redes cercanas y aquellas que contarían con una conexión efectiva. El proyecto identifica un universo de alrededor de 300.000 hogares potencialmente atendibles, pero fija una meta mínima de 200.411 conexiones en las 15 localidades incluidas.

Esa brecha plantea una interrogante sobre la masificación real del servicio. La presencia de una red de gas natural en una calle, una avenida o un mercado no implica que cada vivienda de la zona quede conectada. Para acceder al suministro, los hogares necesitan una instalación domiciliaria y una conexión que les permita utilizar el combustible de manera regular.

El informe técnico del regulador advierte que, en algunas ciudades, el nivel de cobertura comprometido sería limitado. En Huancavelica, Huamanga, Curimanay y Quillabamba, las conexiones previstas alcanzarían menos de tres de cada 10 viviendas consideradas dentro de las zonas evaluadas. Miles de familias podrían contar con redes próximas, pero sin una garantía de acceso al gas natural durante más de 10 años.

Crisis en el sector GNV

La situación genera preocupación porque la iniciativa se presenta como una vía para reducir la dependencia de los balones de gas, cuyo precio tiene un peso relevante en los presupuestos familiares. En las regiones incluidas, el abastecimiento depende en gran medida del traslado del combustible por carretera, un factor que eleva los costos de distribución y puede afectar la disponibilidad en localidades alejadas.

Los residentes de las zonas comprendidas esperan que el gas natural permita disminuir los gastos domésticos y empresariales. También señalan que el uso de redes reduciría riesgos asociados al almacenamiento y manipulación de balones. El reclamo se concentra en localidades cercanas a la infraestructura de transporte de Camisea que, pese a esa proximidad, todavía no acceden a una conexión domiciliaria.

Cálidda ha señalado que la primera etapa del proyecto alcanzaría a 1,2 millones de personas y que los usuarios pagarían alrededor de 20 soles por el servicio, frente a los cerca de 60 soles que puede costar un balón de gas. La compañía afirma que atendió las observaciones planteadas durante la evaluación y sostiene que la aprobación del proyecto permitiría iniciar las obras de expansión.

La prórroga de la concesión de Lima y Callao concentra el debate tarifario

La observación más sensible de Osinergmin está vinculada con el impacto de la adenda sobre las tarifas de los usuarios de Lima y Callao. El organismo considera que la extensión de la concesión por 10 años adicionales podría mantener un régimen de remuneración que, de acuerdo con su evaluación, ya habría recuperado parte sustancial de las inversiones efectuadas en la infraestructura existente.

El regulador sostuvo que la prolongación de ese sistema tarifario podría derivar en una doble remuneración para la empresa. La advertencia parte de la premisa de que, al concluir el contrato original en 2033, la infraestructura pagada a través de las tarifas debería revertir al Estado sin que los usuarios deban asumir nuevos cargos por activos que ya habrían sido reconocidos.

La propuesta de adenda extiende el régimen tarifario por 10 años adicionales y podría generar una doble remuneración en perjuicio de los usuarios, según el análisis de Osinergmin. La entidad también planteó dudas sobre la forma en que se recuperarán los costos de las nuevas inversiones, dado que el número de conexiones comprometidas no cubre a todos los hogares considerados potenciales beneficiarios.

Expertos opinan sobre la situación de la adenda

Especialistas consultados durante la discusión del proyecto compararon los recursos destinados a las siete regiones con el valor de la infraestructura vinculada al sistema de Lima. Mientras la expansión regional involucra una inversión estimada en unos USD 300 millones para una parte de las obras, el sistema de distribución de la capital concentra activos valorizados en alrededor de USD 2.500 millones.

El exviceministro de Energía Pedro Gamio sostuvo que la masificación en las siete regiones podría ejecutarse mediante licitaciones estatales, sin vincularla a la extensión de la concesión en Lima y Callao. A su criterio, la ampliación de 10 años de facturación para la empresa requiere una justificación proporcional a las metas de conexión comprometidas en el interior del país.

Quienes respaldan la adenda sostienen que el eventual impacto en los recibos de gas de Lima sería reducido y que el esquema puede compararse con mecanismos de financiamiento ya aplicados en otros servicios públicos. El debate, sin embargo, se centra en determinar si ese traslado tarifario resulta necesario y si los beneficios de la ampliación regional compensan los costos que asumirían los usuarios de la capital.

El Ministerio de Energía y Minas deberá definir las condiciones de la adenda

La decisión final corresponde al Ministerio de Energía y Minas, que deberá evaluar las observaciones técnicas y económicas antes de autorizar la modificación contractual. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, había señalado que la firma de la adenda podría concretarse en octubre, aunque el proceso depende de las opiniones pendientes dentro del Ejecutivo.

La aprobación deberá precisar cuántos hogares quedarán conectados en cada localidad, qué plazos tendrán las obras y cómo se evitará que las redes instaladas queden sin usuarios efectivos durante años. También deberá establecer los mecanismos para supervisar las metas de Cálidda y definir qué ocurrirá si la empresa no cumple con las conexiones mínimas ofrecidas.

El resultado de esa evaluación definirá si la expansión del gas natural llega a las ciudades incluidas con compromisos de cobertura verificables o si una parte de los hogares deberá esperar una futura etapa de inversión. La adenda también determinará las reglas tarifarias que regirán para los usuarios de Lima y Callao entre 2033 y 2043.