La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) pidió al próximo gobierno peruano destrabar la renovación de concesiones de telecomunicaciones, al advertir que la demora en estos trámites mantiene a los operadores sin certeza sobre la vigencia de sus permisos y condiciona las inversiones de largo plazo en redes de fibra óptica, telefonía móvil y 5G.
El pedido forma parte de la Agenda Digital Perú 2026-2031, difundida este mes por el gremio que agrupa a empresas del sector en América Latina.
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Aunque el documento incluye propuestas sobre regulación ambiental, fiscalización, espectro radioeléctrico y piratería audiovisual, la renovación de concesiones aparece como la prioridad inmediata para las compañías.
El nuevo régimen de renovación sigue pendiente desde junio
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó en febrero el proyecto del nuevo Régimen General de Renovación de Concesiones de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, mediante la Resolución Ministerial N.° 063-2026-MTC/01.03.
La propuesta recibió comentarios durante una consulta pública y fue remitida en junio a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria de la Presidencia del Consejo de Ministros. Desde entonces, el gremio sostiene que no se ha aprobado una norma definitiva.
ASIET cuestiona que el actual sistema vincule la duración de la renovación con las sanciones administrativas acumuladas por cada empresa. Según su posición, una operadora puede recibir una multa por una infracción y luego afrontar una reducción en el período de renovación de su concesión, lo que califica como una doble consecuencia regulatoria.
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La asociación plantea que el nuevo régimen establezca criterios objetivos, previsibles y proporcionales. También pide resolver con rapidez los expedientes pendientes y evitar que el debate sobre las reglas se reinicie con el cambio de gobierno.
Dos contratos históricos vencen en noviembre de 2027
El debate tiene un plazo concreto: dos contratos de concesión de telefonía fija local y larga distancia suscritos en 1994 con Telefónica del Perú vencerán el 27 de noviembre de 2027. El MTC decidió en 2018 no renovarlos, aunque aclaró que la empresa contaba con otros títulos habilitantes para seguir prestando servicios de telecomunicaciones.
Las concesiones no vencen en una sola fecha para todo el sector. Cada empresa tiene contratos distintos, según el servicio, la banda de espectro y el momento en que obtuvo o renovó sus permisos.
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Las concesiones únicas pueden otorgarse por períodos de hasta 20 años, mientras varios contratos de telefonía móvil, transmisión de datos e internet tienen plazos que llegan a las décadas de 2030 y 2040.
La demanda de datos crece mientras el sector reclama previsibilidad
ASIET sostiene que la demora regulatoria ocurre en un contexto de mayor demanda de conectividad. Según las cifras incluidas en su documento, el 96% de los hogares peruanos tenía acceso a internet fijo o móvil al cierre de 2025 y el 99,8% utilizaba al menos un servicio de telecomunicaciones.
El país superó los 4,3 millones de conexiones de internet fijo, con la fibra óptica por encima del 82% del total. Además, más de 33 millones de teléfonos móviles accedieron a internet. El consumo mensual promedio de datos por dispositivo pasó de 5,67 GB en 2019 a 23,51 GB en 2025.
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Las compañías usan esas cifras para sostener que necesitan seguridad jurídica antes de comprometer inversiones de largo plazo. El argumento empresarial se concentra en que la renovación de las concesiones debe darles horizontes suficientes para recuperar los recursos destinados a redes y servicios.
El gremio también pide revisar multas y reglas ambientales
La agenda propone que, en algunos casos, las multas regulatorias puedan ser reemplazadas por compromisos verificables de inversión en cobertura, fibra óptica o calidad del servicio. ASIET cita modelos aplicados en Brasil, Australia y Reino Unido.
El documento también cuestiona el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Telecomunicaciones, publicado en diciembre de 2024. El gremio considera que la norma impone exigencias retroactivas sobre infraestructura ya instalada y reclama que se apruebe su modificación.
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Las propuestas de ASIET no son vinculantes. Corresponderá al próximo gobierno definir si acelera el nuevo régimen de renovaciones y bajo qué condiciones, en un sector donde las decisiones regulatorias afectan tanto a las empresas como a millones de usuarios conectados.
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