Caso Jenss Lara: dictan 36 meses de prisión preventiva para siete investigados por secuestro en Trujillo

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra siete de los ocho investigados detenidos por el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas ocurrido el pasado 30 de agosto en Trujillo. La decisión se tomó luego de ocho días de audiencias, en las que el Ministerio Público expuso parte de los elementos que sustentan su hipótesis sobre la organización y ejecución del ataque.

El magistrado Eduardo Medina, del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos de Turno de Trujillo, sustentó la medida en elementos vinculados al peligro procesal, falta de arraigo, incongruencias advertidas en algunos argumentos de las defensas y las primeras evidencias incorporadas en la carpeta fiscal.

La decisión no implica una sentencia de culpabilidad. Los siete permanecen como investigados mientras continúan las diligencias fiscales.

“Ares” queda fuera de la prisión preventiva

El octavo detenido, José Cerrepe Dávila, alias “Ares”, no recibió prisión preventiva. La Fiscalía lo señala como presunto encargado de la logística de armas dentro de la operación investigada.

De acuerdo con la información difundida tras la audiencia, el juez consideró que existieron dificultades relacionadas con las diligencias realizadas luego de su captura, debido a que fue intervenido fuera de Trujillo. Por ello, será puesto en libertad bajo las condiciones que determine la resolución judicial.

La fiscal Andrea Lavado anunció que apelará la decisión respecto de Cerrepe Dávila. En tanto, tres de las defensas de los siete investigados comunicaron que apelarán la prisión preventiva, mientras que las demás reservaron su derecho a hacerlo.

Los siete investigados se suman a Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, y Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, quienes también afrontan 36 meses de prisión preventiva por este caso. El Poder Judicial considera a Cruz Torres presunto cabecilla de “Los Pulpos”; ambos fueron investigados por los presuntos delitos de secuestro extorsivo y homicidio calificado.

Fiscalía sostiene que el secuestro fue planificado

Durante las audiencias, el Ministerio Público presentó nuevos elementos para sustentar que el ataque contra Lara no habría sido producto de una acción improvisada.

Entre las evidencias expuestas figura un video registrado por un dron que, según la Fiscalía, permitió realizar labores de seguimiento al empresario antes del secuestro. El registro fue extraído del celular de Gabriel Mendocilla y habría captado distintas fases del seguimiento y posterior ataque.

La Fiscalía también mostró videos enviados a los familiares de Lara como pruebas de vida durante la negociación del rescate. En esas imágenes, el empresario aparece retenido y bajo amenazas mientras los secuestradores exigían dinero para liberarlo.

A ello se suman las prendas y elementos utilizados por los atacantes, quienes se hicieron pasar por policías. Parte de la indumentaria fue localizada posteriormente en una zona de cañaverales de El Cortijo Bajo y, de acuerdo con peritajes citados por La República, algunas prendas corresponderían a uniformes oficiales de la Policía Nacional.

Estos elementos forman parte de la teoría fiscal que atribuye el secuestro y el homicidio a una estructura criminal con funciones diferenciadas.

Cuestionamientos sobre las primeras detenciones

Mientras la Fiscalía avanzaba con estas evidencias, el programa “Beto a Saber”, de Willax, difundió una serie de reportajes en los que puso en duda distintos aspectos de la investigación inicial.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con las características físicas de los primeros detenidos. El programa presentó un análisis antropométrico realizado sobre las imágenes de las cámaras de seguridad y sostuvo que existirían diferencias de estatura, contextura y otros rasgos entre algunos de los intervenidos y los sujetos que aparecen durante el ataque.

También difundió testimonios de familiares de los detenidos que aseguraron que algunos de ellos se encontraban en otros lugares al momento del crimen.

El programa además puso bajo la lupa la presencia de un vehículo policial cerca de la ruta del ataque, lo que alimentó las sospechas sobre una eventual participación de efectivos en organizaciones criminales de Trujillo. A ello se sumaron interrogantes por el uso de prendas policiales durante el secuestro.