La expansión de los vehículos eléctricos en Perú todavía se encuentra limitada por la falta de reglas específicas, alternativas de financiamiento, infraestructura de carga y proyectos de transporte público a gran escala, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico en el Perú (AEDIVE Perú).
Según la organización, la demora en esas definiciones impide que la adopción de esta tecnología gane ritmo en el país, por lo que, sostuvo, se requiere una acción coordinada entre el Estado, los gobiernos locales, las empresas de transporte y el sector privado. Se trata de 12 barreras identificadas.
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Perú aún no cuenta con una Ley de Electromovilidad
Entre los principales pendientes, AEDIVE Perú mencionó la falta de una Ley de Electromovilidad. Iniciativas promovidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y asociaciones privadas no llegaron a convertirse en una norma aprobada.
La entidad también cuestionó la influencia que atribuye al sector del gas natural en el debate sobre la transición energética. Según su posición, esa situación impidió que varias propuestas vinculadas a los vehículos eléctricos pasaran de la discusión técnica a su ejecución.
El diagnóstico incluyó la falta de mecanismos financieros para los operadores de transporte público. AEDIVE Perú consideró que las empresas necesitan condiciones que reduzcan el endeudamiento y permitan extender las autorizaciones de ruta, a fin de facilitar el acceso al crédito y recuperar la inversión necesaria para renovar sus flotas.
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La asociación planteó revisar el modelo vigente, que contempla una autorización inicial de cinco años y una ampliación posterior de 14 años. Para la entidad, un plazo integrado daría mayor previsibilidad a los proyectos y permitiría cerrar acuerdos financieros.
Los proyectos de buses eléctricos permanecen pendientes
El documento cuestionó que no se hayan convocado licitaciones para incorporar buses eléctricos al transporte público de manera sostenida. AEDIVE Perú sostuvo que la ATU y Promovilidad aún no concretaron varios proyectos anunciados para distintas ciudades.
La asociación mencionó el caso de un bus eléctrico de 12 metros de la marca BYD que operó en el corredor rojo de Lima. De acuerdo con la entidad, la unidad dejó de circular por problemas de mantenimiento. También citó proyectos que no avanzaron para incorporar 54 buses eléctricos en Pucallpa y 76 en Arequipa, una cifra que podía ampliarse a 112.
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A ello sumó los planes para las rutas piloto 1001 y 1002, con 89 buses de nueve metros, y una iniciativa para incorporar 150 buses articulados de 18 metros en una extensión del Metropolitano, con respaldo del Banco Mundial.
AEDIVE Perú afirmó que el país acumuló estudios, consultorías y programas piloto, entre ellos NAMAS y E-Mob, sin que esos procesos derivaran en una masificación de las flotas eléctricas. “Han pasado ya casi 9 años, si asumimos el 2018 como el año en el que se asientan de manera inicial la movilidad eléctrica en el Perú“, dijo la asociación.
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La red de carga y las normas técnicas concentran otros reclamos
La organización propuso impulsar una red pública de carga rápida en corriente continua desde Tumbes hasta Tacna. Recordó que presentó en 2022 el Plan Nacional de Masificación de Infraestructura de Carga, que contemplaba una red troncal de electrolineras.
También pidió una regulación uniforme sobre la señalización y demarcación de los espacios destinados a la carga eléctrica. Según AEDIVE Perú, las normas vigentes no establecieron esos criterios y ello produjo diferencias entre las estaciones ya instaladas.
El diagnóstico advirtió además sobre cargadores de corriente alterna que, según la asociación, fueron implementados sin una puesta a tierra adecuada. La entidad consideró que esa condición debe exigirse en todos los proyectos por razones de seguridad.
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Entre los demás puntos, AEDIVE Perú incluyó la falta de proyectos ejecutados con fondos del FONELEC, la ausencia de iniciativas relevantes de movilidad eléctrica financiadas con bonos de carbono y la falta de un marco para convertir vehículos convencionales en eléctricos.
La asociación cuestionó, además, que el chatarreo voluntario sea considerado la respuesta principal para renovar el parque automotor. A su juicio, ese mecanismo no asegura que los vehículos retirados sean reemplazados por unidades de menores emisiones.
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