
El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se convirtió este martes en el primer integrante del Gobierno de Keiko Fujimori en reclamar públicamente la salida de Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional (PNP), tras el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas en Trujillo, en un nuevo episodio de la crisis de inseguridad que atraviesa el país.
“Yo estoy dentro de aquellos que desde hace meses pide la salida de Arriola”, afirmó en una entrevista con el pódcast que transmite el diario El Comercio.
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“No voy a retroceder en mi posición de hace meses, pues él era parte de un conjunto de oficiales que desde mi punto de vista estaban en medio de una serie de situaciones controversiales”, señaló, sin ofrecer mayores detalles.
Sheput consideró además que la continuidad de Arriola debe evaluarse no solo por la actuación institucional de la PNP, sino también por la percepción que genera ante la ciudadanía, un factor que, según dijo, también influye en la lucha contra la inseguridad.
“Creo yo que tenemos que entender en general que la lucha contra la inseguridad ciudadana también es un tema de percepción. Y en esa percepción, si algún individuo (...) ante la opinión pública no da la talla, pues simplemente hay que tomarlo en cuenta”, agregó.
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Insistió en que su cuestionamiento a Arriola antecede a su incorporación al Ejecutivo y que no se trata de una posición adoptada tras asumir el cargo. “Es algo en que me ratifico”, señaló.
Las declaraciones de Sheput se producen después de que congresistas de distintas bancadas reclamaran a Fujimori la salida del jefe policial, en medio de los cuestionamientos a la respuesta del Gobierno frente al avance del crimen organizado, que han incluido la declaración del estado de emergencia en las ciudades de Lima y Callao, así como en Pataz, epicentro de la minería ilegal.
En las últimas horas, tanto la jefa de Estado como el ministro del Interior, César Astudillo, han evitado referirse a la salida de Arriola y han señalado que su continuidad se encuentra en evaluación.
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Mientras Fujimori recordó que una ley establece un periodo fijo de dos años para el jefe policial, Astudillo remarcó que “todos estamos en evaluación, desde el ministro hasta el último suboficial de la Policía”.
El titular del portafolio también sostuvo que Arriola está “técnicamente calificado”, aunque enfatizó que “esto no es un espaldarazo” y que “en algún momento se verá” su permanencia en el cargo.
El empresario secuestrado el fin de semana y liberado el lunes fue identificado como Jenss Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.
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Mientras las autoridades presentaron el caso como resultado de un operativo que permitió ubicarlo y detener a cinco presuntos implicados, familiares de Lara Tantaquilla sostuvieron que su liberación se gestionó mediante “contactos” personales con la banda criminal ‘Los Pulpos’, que exigieron hasta 5 millones de dólares por su rescate.
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