La Fiscalía ejecutó un operativo simultáneo en ocho inmuebles como parte de una investigación por el presunto direccionamiento de una contratación para el suministro de alimentos destinados a la Policía Nacional del Perú (PNP). La diligencia incluyó registro e incautación de bienes y documentos vinculados a los investigados.
La investigación preliminar involucra a cinco efectivos policiales de la División de Seguridad de Penales de la Dirección de Seguridad Integral (DIRSEINT PNP) y dos particulares, quienes son investigados por el presunto delito de colusión agravada. Según la hipótesis fiscal, los involucrados habrían concertado para favorecer a una empresa proveedora durante un periodo comprendido entre 2024 y febrero de 2026.
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El operativo estuvo a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, Quinto Despacho, y se desarrolló de manera simultánea en Los Olivos, Carabayllo, Rímac, Comas, San Martín de Porres y el Callao.
Ocho inmuebles fueron intervenidos en un operativo coordinado por la Fiscalía
La diligencia fue dirigida por el fiscal adjunto provincial Leonardo Rosales Zavala, bajo la conducción del fiscal provincial Raúl Martínez Huamán. En total, participaron 12 fiscales y seis asistentes fiscales durante las intervenciones realizadas en los distintos puntos de Lima Metropolitana y el Callao.
El operativo también contó con el apoyo de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP, además de representantes de la Defensa Pública. Las autoridades realizaron registros e incautaciones con el objetivo de recoger elementos relacionados con la investigación.
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Los inmuebles intervenidos están vinculados a los efectivos policiales y particulares comprendidos en la pesquisa. La Fiscalía busca reunir información que permita esclarecer la presunta concertación y determinar la participación que habría tenido cada uno de los investigados.
La investigación se encuentra en etapa preliminar, por lo que las diligencias buscan contrastar la hipótesis fiscal y establecer si los hechos denunciados configuran el delito de colusión agravada.
Fiscalía investiga presunto direccionamiento en compra de alimentos para la PNP
El caso gira alrededor del servicio de suministro de alimentos correspondiente a la Ración Orgánica Única Diaria (ROUD) de la Policía Nacional del Perú. Se trata de los recursos destinados a garantizar la alimentación del personal policial.
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Según la investigación preliminar, los integrantes de la DIRSEINT PNP involucrados habrían utilizado sus cargos para administrar directamente los fondos asignados a la ROUD y favorecer de manera sistemática a una empresa proveedora.
La empresa señalada en la pesquisa es Proveeduría Pilema S.A.C. De acuerdo con la Fiscalía, los investigados habrían concertado para direccionar el proceso de contratación a favor de esta compañía entre 2024 y febrero de 2026.
La hipótesis fiscal también apunta a un presunto incumplimiento de los controles administrativos. Los agentes investigados habrían utilizado sus funciones para facilitar las contrataciones y permitir que la empresa obtuviera el supuesto beneficio.
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Policías y particulares bajo la lupa por presunto favorecimiento en la contratación de alimentos
Según lo informado por la Fiscalía, entre los policías comprendidos en la investigación se encuentra Luis Santos, exjefe de la División de Seguridad de Penales de la DIRSEINT. También están Godfredo Villavicencio, José Piscoya y Luis Larrea, de acuerdo con el Ministerio Público.
La investigación incluye además a particulares vinculados con la empresa proveedora. Entre ellos figura José Miranda, trabajador de la compañía señalada en la pesquisa.
Otro de los aspectos que analiza la Fiscalía corresponde al vínculo entre Julia Miranda, identificada como proveedora, y Cynthia Vásquez, jefa de Logística de la División de Seguridad de Penales. Según la investigación preliminar, esta relación directa habría facilitado el supuesto favorecimiento durante el proceso de contratación.
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Tras los allanamientos, los elementos incautados serán analizados por el Ministerio Público como parte de las diligencias destinadas a determinar si existió concertación para direccionar el servicio de alimentación. La Fiscalía deberá establecer también la eventual responsabilidad de los policías y particulares involucrados en el caso.
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