La restructuración de Petroperú afronta una jornada clave este martes 25 de agosto, cuando el Tribunal Constitucional evaluará en audiencia pública las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el Decreto de Urgencia 010-2025, norma que busca reestructurar a la empresa, pero que ha sido advertida como una “privatización encubierta” por la Defensoría del Pueblo, colegios profesionales y diversos especialistas del sector.
Esta decisión, sumada a las acciones judiciales y el reciente anuncio de un rescate financiero por 2.000 millones de dólares, mantiene en vilo el futuro de la principal empresa estatal de energía.
Demandas de inconstitucionalidad ponen en la mira la reorganización de la empresa
Las acciones legales acumuladas por la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara cuestionan la legalidad de la reorganización establecida por el Decreto de Urgencia 010-2025. Según la Defensoría, la norma vulnera el artículo 60° de la Constitución y no cumple con los criterios de urgencia ni imprevisibilidad.
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El decreto, promulgado el 31 de diciembre de 2025 por el gobierno transitorio de José Jerí, propone desmembrar y transferir las principales unidades de negocio de la petrolera estatal a entes como Proinversión, bajo un enfoque financiero y de concesiones.
La Defensoría del Pueblo ha calificado la medida como una privatización encubierta, señalando que “Petroperú es un activo crítico y estratégico para la seguridad energética nacional” y advirtiendo que el Ejecutivo excedió sus facultades al eludir el debate parlamentario y alterar el régimen de la empresa por decreto.
Gremios y colegios profesionales expresan su preocupación
La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) interpuso una demanda de amparo para frenar la aplicación del decreto y proteger la estabilidad laboral de los trabajadores.
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El Quinto Juzgado Constitucional de Lima admitió la demanda y fijó la audiencia única para el 5 de octubre. FENPETROL considera que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y el avance del proceso judicial serán determinantes para la seguridad energética, la soberanía nacional y la situación de miles de familias.
El Colegio de Abogados de Lima y el Colegio de Ingenieros del Perú se sumaron a las críticas, argumentando que la reorganización entrega activos clave sin control técnico ni respaldo constitucional, lo que pone en riesgo el abastecimiento y la soberanía energética. Ambas instituciones han resaltado que los cambios propuestos en el decreto se realizaron de forma improvisada, sin un plan técnico ni social que respalde la transición.
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El rescate financiero queda condicionado al fallo sobre la reestructuración
La incertidumbre se agudizó en mayo de 2026, con la publicación del Decreto de Urgencia 003-2026, que autoriza un rescate financiero de hasta 2.000 millones de dólares para asegurar la continuidad operativa de la compañía.
Este respaldo, sin embargo, depende de la aplicación previa del DU 010-2025, por lo que el fallo del Tribunal Constitucional será determinante para definir el futuro del rescate y la estabilidad de la empresa.
FENPETROL y otros gremios han llamado a la ciudadanía, sindicatos y organizaciones civiles a mantenerse atentos a la decisión del Tribunal Constitucional y a los avances judiciales, en un contexto donde se define no solo el porvenir de Petroperú, sino también el respeto al orden constitucional y la seguridad energética del país.
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