Gobierno de Keiko Fujimori crea comisión para revisar las llamadas ‘leyes procrimen’ aprobadas por anterior Congreso

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó un grupo de trabajo sectorial para examinar las llamadas ‘leyes pro-crimen’, un conjunto de normas aprobadas por el anterior Congreso que, según especialistas, han generado un efecto contrario al buscado y facilitado la actividad delictiva.

La medida fue oficializada mediante una resolución publicada este domingo en el diario oficial El Peruano, que señala la necesidad de una “revisión integral de la legislación vigente” para identificar oportunidades de mejora, “corregir vacíos, inconsistencias o dificultades en su aplicación” y fortalecer las herramientas legales para una persecución más eficaz del delito.

El grupo estará presidido por el viceministro de Justicia e integrado por el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director general de Asuntos Criminológicos.

Asimismo, podrá convocar como invitados a representantes de instituciones públicas o privadas, especialistas y profesionales vinculados con la materia.

Entre sus funciones se encuentra “realizar la revisión integral de las diversas modificaciones normativas en materia de criminalidad”, consolidar los aportes de instituciones, la academia y la sociedad civil, y “formular la(s) propuesta(s) de proyectos de ley que correspondan”.

El órgano deberá presentar informes mensuales al titular del sector, Ernesto Álvarez, sobre el avance de sus labores. La Secretaría Técnica estará a cargo de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, que brindará el soporte técnico y administrativo necesario.

La comisión deberá instalarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación de la resolución y tendrá una vigencia inicial de 30 días hábiles desde su instalación, un plazo que podrá ampliarse mediante una nueva resolución.

Al concluir sus funciones, la Secretaría Técnica entregará al despacho ministerial un informe sobre la revisión de las modificaciones normativas y, de ser necesario, los proyectos legislativos elaborados, acompañados de sus respectivas exposiciones de motivos.

La norma precisa que las conclusiones del grupo de trabajo no tendrán efectos jurídicos sobre terceros y establece que sus integrantes e invitados desempeñarán sus funciones ad honorem.

Las llamadas ‘leyes procrimen’ fueron impulsadas por el fujimorismo y otras fuerzas conservadoras en el anterior Parlamento, pero sus efectos, según sus críticos, han sido contrarios al objetivo de combatir la delincuencia. La ciudadanía percibe que la extorsión no ha dejado de crecer desde 2024 y que la situación se agravó tras la aprobación de estas disposiciones.

A inicios de mes, la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley para derogar siete normas, entre ellas la Ley 31751, conocida como Ley Soto, y su norma confirmatoria, la Ley 32104.

La primera estableció un límite de un año para la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. Palomino sostiene que fue aprobada sin las opiniones del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, pese a sus implicancias directas en la persecución de los delitos.

La Corte Suprema de Justicia cuestionó la constitucionalidad de esta disposición mediante un acuerdo plenario. Posteriormente, el Tribunal Constitucional determinó que la norma era compatible con la Constitución.

Otra de las disposiciones incluidas en la iniciativa es la Ley 31989, que redujo las facultades de intervención inmediata de la Policía Nacional frente a actividades vinculadas con la minería ilegal. La modificación limitó el decomiso oportuno de explosivos y maquinaria utilizados en estas operaciones.

El proyecto de Palomino recoge además las advertencias de organizaciones especializadas de la sociedad civil, que señalaron que dicha reforma contribuyó a la expansión de la minería ilegal.